La revalorización este año del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 tienen que ser abordadas de forma urgente y prioritaria por el Gobierno. Estas dos exigencias volverán a ser defendidas por UGT y CCOO con movilizaciones que tendrán lugar a las 12:00 horas del miércoles 14 de julio en toda España, dando continuidad a las que vienen produciéndose desde el pasado mes de febrero bajo el lema #AhoraSíToca.
Ambas organizaciones exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales y con el conjunto de la sociedad para la revalorización progresiva del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura, y para derogar unas reformas laborales hechas para despedir fácil y barato, para abaratar los salarios, para extender la precariedad y la temporalidad, para desarticular la negociación colectiva y para recortar derechos a los trabajadores y trabajadoras. UGT y CCOO están dispuestas en impedir que se quiebre una línea política comprometida con el progreso, la justicia social y la distribución de la riqueza.
Cambia el Gobierno, no sus compromisos
UGT considera que la remodelación del Gobierno de coalición realizada por el presidente Sánchez no altera ninguno de sus compromisos, especialmente teniendo en cuenta la continuidad como ministra de Asuntos Económicos (ahora, además, vicepresidenta Primera) de Nadia Calviño; y la de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo y Economía Social (ahora vicepresidenta Segunda).
En la primera página del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos el 30 de diciembre de 2019, se dice “Derogaremos la reforma laboral”, “derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo”, “derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, “modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, “limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”, “revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.
Se dice también “Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea”, y se asumen los compromisos de aprobar mediante diálogo social la aprobación de un Estatuto del Becario, recuperar los derechos laborales en los casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, favorecer el uso de los contratos fijos discontinuos para actividades cíclicas, revisión de la contratación a tiempo parcial endureciendo las sanciones por fraude; reforzar las causas, el papel de la autoridad laboral y de la Inspección de la Seguridad Social en los despidos colectivos, y luchar contra el fraude laboral.
¿Son presiones, o son excusas?
Según los datos oficiales España tiene ya casi 11 millones de personas vacunadas contra la Covid-19 con la pauta completa; los datos de paro del mes de junio registraron una caída récord del desempleo de 167.000 personas y la creación de 233.000 empleos; y a mediados del mes de junio el Banco de España revisó al alza las previsiones de crecimiento económico, con un alza del PIB de 2021 del 6,2%, del 5,8% para 2022 y del 1,8% para 2023.
A pesar de ello, el Gobierno mantiene posiciones que impiden avances en ámbitos esenciales para igualdad social y la distribución de la riqueza como son el SMI y el mercado de trabajo, justificando su posición en unos condicionamientos europeos que no existen, y en unas posiciones de las patronales que no son otra cosa que bloqueos torticeros.
La Encuesta de Estructura Salarial correspondiente a 2019, que acaba de publicar el INE, recoge que ese año los salarios obtuvieron una ganancia de poder de compra de nueve décimas (en un contexto expansivo, con un aumento del PIB del 2% y del empleo del 2,3%). Insuficientes incrementos salariales sobre salarios que son mayoritariamente bajos, dado que el salario más frecuente fue tan solo de 18.490 euros brutos, un 24,2% inferior al salario medio (24.395 euros al año). Una vez descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF, ese salario más habitual en nuestro país es de aproximadamente 1.025 euros al mes (suponiendo un trabajador o trabajadora sin hijos o hijas a cargo y con contrato indefinido, y catorce pagas al año).
Más grave aún es que el porcentaje de personas cuyos ingresos anuales eran inferiores al SMI representaba un 18,1% sobre el total, 4 puntos porcentuales más que en 2018, como consecuencia fundamentalmente de la revalorización del mismo en ese año en un 22,3%, hasta alcanzar los 900 euros al mes. Si a ello le sumamos los trabajadores que cobraban entre un 1 y 2 veces el SMI (46,3%), el resultado global es que hasta un 64,4% de los trabajadores presentan ingresos inferiores a 2 veces el SMI, reflejando esa situación generalizada de bajos salarios en nuestro país.
Inexplicable: España, en dirección contraria a la UE en el SMI
Reducidos salarios y otros factores como la baja intensidad laboral provocan que España tuviera en 2019 un 12,7% de trabajadores y trabajadoras en riesgo de pobreza, 3,5 puntos más que la media de la UE-28. Nada puntual, por otra parte, puesto que hemos registrado ininterrumpidamente 5 de las peores ratios de la UE-28 en los últimos 10 años.
Por eso resulta inexplicable la decisión del Gobierno de congelar este año el SMI, que no es otra cosa que negar a la parte más precaria de la clase trabajadora una protección indispensable.
Pero es que, además, con esa decisión España se ha convertido en una excepción en el entorno europeo, una excepción negativa, regresiva e impropia de un Gobierno progresista, porque la mayoría de los países del entorno europeo que tiene salario mínimo lo han revalorizado este año en unas u otras cuantías.
Es una decisión que tiene un impacto negativo sobre las personas que menos ingresos tienen, especialmente sobre las mujeres, y es contraria a la recomendación del grupo de expertos creado por el Ministerio de Trabajo para analizar el tema.
Además, como ha señalado el secretario General de UGT, Pepe Álvarez, si tenemos en cuenta que la vicepresidenta Primera, Nadia Calviño, justificó la no revalorización del SMI este año en el crecimiento económico y la creación de empleo, la clara expansión que apuntan los datos más recientes en ambos parámetros la obliga a ella y al conjunto del Gobierno a revisar sus posiciones o a explicarlas ante la ciudadanía.
No estamos para vetos: acordar o legislar cambios en el mercado de trabajo
En cuanto a las negociaciones para la derogación de las reformas laborales y la modernización del mercado de trabajo, no se están produciendo avances. Por tanto, si CEOE y CEPYME continúan actuando para el bloqueo de la negociación, el Gobierno va a tener que avanzar en el terreno legislativo para ser coherente con su programa y sus compromisos.
En los últimos días las organizaciones patronales han descalificado públicamente los documentos planteados en la mesa de diálogo social para la modernización del mercado de trabajo; una actitud coherente con las posiciones que están manteniendo en la mesa de negociación, y que para UGT revelan la intención de bloquear la negociación. La representación empresarial no pretende otra cosa que preservar inalterados la preeminencia y privilegios que la reforma laboral de 2012 les regaló, origen de muchos de los graves problemas que ahora padecemos.
Si CEOE y CEPYME continúan esta dinámica, corresponderá al Gobierno avanzar en el terreno legislativo para ser coherente con su programa, con las necesidades de nuestro país y con los contenidos del componente europeo que hemos comprometido y que se concreta en reformas e inversiones.
Conviene recordar que esta derogación estaba sobre la mesa de negociación antes de la pandemia, y existían preacuerdos. Se habían consensuado textos para la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratas y subcontratas, estableciendo límites cuando se trata de las actividades propias de la empresa principal, garantizando los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas, y estableciendo condiciones más rigurosas en materia de responsabilidad y transparencia para esta práctica.
También existían acuerdos respecto a los artículos 15.1.a (contratos de duración determinada por obra o servicio), y artículos 84, 86 del ET y textos adicionales mediante los que se establecía la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, y la ultraactividad de los convenios una vez cumplida su vigencia.
Por tierra, mar y aire
Es imperativo tomar medidas para afrontar las patologías de nuestro mercado de trabajo, y eso implica una revisión casi integral del Estatuto de los Trabajadores. El bloqueo es una opción que no nos podemos permitir, especialmente si afecta al desarrollo de compromisos adquiridos ante la ciudadanía, en unas elecciones generales, por un Gobierno que debe responder con hechos a esos compromisos.
Tal y como señaló Pepe Álvarez a primero de año, UGT tratará de derogar las reformas laborales “por tierra, mar y aire” y ese compromiso sigue vigente en cada mesa de negociación, en la movilización del 14 de julio, y en las que sean necesarias hasta alcanzar el objetivo.
