La Federación de Servicios Públicos de UGT ha vuelto a alertar de la precariedad en la que se encuentra los servicios de extinción de incendios forestales justo cuando comienza el periodo de alto riesgo para este tipo de siniestro, por lo que exigen que los Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales sean un servicio público al 100%, y se acabe con las privatizaciones o externalizaciones, que van en detrimento de la población y del propio colectivo, beneficiando solo a intereses empresariales.
El Sindicato denuncia que, las Comunidades Autónomas están haciendo propaganda en relación con los datos y dotaciones, con actos teatrales donde el baile de números en cuanto a los recursos humanos y la escenografía con camiones de reciente adquisición, helicópteros de ultimas gama, drones,… se acercan más a las películas de ciencia ficción que la cruda realidad. Las flotas de vehículos pesados y ligeros rozan, en muchos casos, la precariedad; los bomberos y bomberas forestales ven mermar las plantillas cada año, con una temporalidad que roza las cifras de hace una década. En la situación política actual parece que priman los intereses electorales por encima de la protección de nuestro patrimonio y la defensa del mundo rural, donde las y los bomberos forestales son la solución a la “España vaciada”, porque sustentan y fijan población.
Por Comunidades Autónomas, Castilla y León tiene uno de los sistemas más precarios de España, con personal laboral de la administración en fijos discontinuos a 3 ó 6 meses, y un conglomerado de empresas que disponen retenes para los 2 ó 3 meses de verano, regulados por convenios forestales o del campo. Aragón, con un 30% de su plantilla temporal, incorpora a 600 trabajadores; Andalucía incorpora a partir del 1 de junio a más de 800 bomberos forestales temporales e interinos, que es un 25% de la plantilla.
Castilla La Mancha reduce el número de medios para el riesgo alto, por lo que cuenta con menos medios para la extinción, e incorpora entre 350 y 400 temporales; Murcia entre 50 y 60; La Rioja unos 70; Navarra suma 150 efectivos para este periodo; Galicia a 1.060 trabajadoras y trabajadores, y tiene al 60% de la plantilla en interinidades de 12, 9 y 6 meses; Madrid suma unos 70-80 bomberos forestales indefinidos no fijos de INFOMA, más los 200 de las empresas externalizadas de MATINSA e INFOSA, sobre los 500, que viene a ser un 40%; Valencia 310 y unas 70 plazas sin cubrir; Extremadura ha reconvertido a 140 interino en fijos discontinuos, agravando de por vida la temporalidad a dicho personal.
Baleares que cuenta con plantilla de unos 180 bomberos forestales, e incorporó ya en mayo a 100 trabajadores más; Asturias con un número indeterminado de brigadas de apoyo a bomberos; Canarias con unos 475 bomberos forestales y una elevadísima tasa de interinidad en sus plantillas fijas.
Caso aparte ocurre en Cataluña, donde la apuesta por el voluntariado no hace más que devaluar la profesión y al colectivo. De la lista autonómica, se salen las ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, por no contar con un volumen de masa forestal, así como País Vasco o Cantabria, que ahora inician periodos medios o bajos por riesgo de Incendio forestal.
FSP-UGT sigue apostando por la homogenización del colectivo. La ley para el Estatuto Básico debe ser la herramienta que acote las diferencias laborales que existen, unificando la categoría de Bombero Forestal, estableciendo las funciones de los profesionales, fijando la formación con razón a la norma existente, y se establezcan los riesgos añadidos a la actividad pues cada año asistimos a una elevada accidentabilidad y siniestrabilidad, y donde se incluya la toxicidad y peligrosidad.
Asimismo, exigen el reconocimiento de coeficientes reductores y la edad de jubilación anticipada, puesto que la media de edad en la diferentes autonomías es elevadísima, aumentado si cabe más el riesgo de los profesionales.
