La reducción de la jornada laboral a 32 horas semanas, sin reducción de salario, es una medida que contribuiría -entre otras cosas- a la creación de empleo, por eso el 43 Congreso Confederal de UGT celebrado en Valencia la ha adoptado como un objetivo sindical prioritario.
Poner en marcha esta medida implicaría una modificación del Estatuto de los Trabajadores y un adecuado sistema de incentivos públicos, que sería esencial durante los primeros años de implantación para sumar a las pequeñas empresas. Los recursos públicos necesarios deberían extraerse tanto de la reordenación y revisión del conjunto de incentivos al empleo existentes (la mayoría demostradamente ineficientes) como de una imprescindible reforma fiscal integral que aumente la capacidad recaudatoria del Estado mejorando la progresividad y equidad fiscal (cabe valorar también la utilización de los fondos europeos del Plan de Reconstrucción).
Correspondería a la negociación colectiva, posteriormente, definir qué forma concreta tomaría la nueva jornada laboral (6 horas diarias, semana laboral de 4 días, etc.), en función de la realidad y características propias de cada sector y empresa.
Crear empleo
La reducción de la jornada de trabajo puede resultar, en primero lugar, una palanca que impulse la creación de puestos de trabajo después de que, como consecuencia de la crisis de la Covid-19, el número de personas ocupadas haya caído en 622.600 personas en 2020 (incluyendo a personas que están empleadas en situación de ERTE), y el número de hogares con todos sus miembros en paro haya llegado a 1,2 millones; y en segundo lugar, una forma de combatir el desempleo estructural de nuestro país, vinculado de manera directa con un modelo productivo con una alta tasa de temporalidad (26,2% en 2019 según la Encuesta de Población Activa del INE ,cerca de duplicar la tasa registrada por la media de la UE que fue del 14,2%) que provoca fuertes destrucciones de empleo ante situaciones de crisis.
La OCDE ha evidenciado este problema en su “Estudio Económico de España 2021” al prever un crecimiento económico del 5,9 % en 2021 y del 6,3 % en 2022, que sin embargo no sería suficiente para aplanar la tasa de paro más allá del 14,7%.
Para que este objetivo sea posible, la reducción de jornada de trabajo debe ir acompañada de la configuración de una negociación colectiva potente y equilibrada (derogación de las reformas laborales) y la promoción de un cambio de modelo productivo donde la digitalización y la transición energética, en paralelo a jornadas de trabajo más cortas, deben convertirse en pilares fundamentales.
Calidad de vida, igualdad y medio ambiente
Pero la creación de empleo no sería la única ventaja de la reducción de la jornada laboral. Tendría implicaciones positivas sobre otros ámbitos clave para el desarrollo de una nueva agenda social y medioambiental. Por ejemplo, una reducción del tiempo de trabajo tendría efectos positivos sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras, que acabaría generando un efecto arrastre sobre otras cuestiones, como un impacto favorable sobre los sistemas nacionales de salud (al reducirse la presión sobre el sistema sanitario) y la esperanza de vida de la población; o una reducción de los niveles de absentismo y la rotación del personal debido a enfermedades ligadas al ámbito laboral, resultando también beneficioso para los empleadores.
Esta propuesta puede encuadrarse, además, dentro de una estrategia global y ambiciosa que tome en consideración la esfera laboral y la doméstica de forma conjunta, un planteamiento esencial para avanzar en la integración de la mujer en el mercado laboral en condiciones de igualdad respecto a los hombres, acabando con el reparto asimétrico de las tareas domésticas y de cuidados.
Y hay una tercera consideración de carácter medioambiental, especialmente relevante teniendo en cuenta que España es uno de las regiones europeas más vulnerables al cambio climático, siendo el territorio que concentra mayor porcentaje de población que reside en regiones expuestas a estrés hídrico (50%). A lo que habría que sumar otras problemáticas de vital importancia, como la prolongación en el tiempo de las olas de calor, la desertificación de los suelos, el aumento del número de incendios o la pérdida de biodiversidad, entre otras. La reducción del tiempo de trabajo implicaría –conjuntamente con otras medidas- impulsar estilos de vida más saludables y patrones de consumo más sostenibles.
¡Ojo! Sin reducción de salario
La reducción del tiempo de trabajo sin disminución salarial debe entenderse como una política que sirva para compensar y revertir la tendencia regresiva de la participación salarial sobre la renta nacional, ya que entre 1995 y 2020 ha perdido hasta 8 puntos porcentuales, en contraste con la evolución de la media europea. Si esto no se produjese, la propuesta perdería toda su potencialidad, en la medida que el empleo adicional generado sería precario y, en consecuencia, fomentaría la búsqueda de un segundo empleo.
Pero hay varias razones más. La primera tiene que ver con la justicia redistributiva, porque el nivel de pobreza en España no deja margen a la reducción de salarios. Según el INE, España registró en 2019 un 12,7% de ocupados y ocupadas en situación de pobreza (aquellos con una renta inferior al 60% de la mediana nacional), 3,5 puntos porcentuales más que la media europea. No es un fenómeno puntual, puesto que hemos registrado ininterrumpidamente 5 de las peores ratios en los últimos 10 años. Además, el riesgo de pobreza en ocupados y ocupadas a tiempo parcial (un colectivo que debería beneficiarse de esta medida al poder optar a contratos de jornada completa) alcanza el 22,1%, 7 puntos más que la media de la UE.
Una reducción de salario, en segundo lugar, afectaría a la dinámica de crecimiento económico. Una política de restricción salarial puede influir negativamente sobre el crecimiento económico al deprimir elementos que componen la demanda agregada y se retroalimentan entre sí, como el consumo y la inversión. En este sentido, existe evidencia empírica que demuestra que la caída del peso de los salarios presenta efectos negativos directos sobre el crecimiento económico y el empleo, por lo que el mantenimiento (o mejora) de los salarios se justifica también por una cuestión de eficiencia económica.
Y finalmente, están las ganancias de productividad. Jornadas de trabajo más cortas vendrían asociadas a un incremento de la productividad laboral y a un mejor desempeño empresarial como resultado de una mejora de la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras. Las empresas podrían mantener los salarios al disponer de trabajadores y trabajadoras que producirían lo mismo en menos tiempo.
