Necesitamos dar soluciones a la España vaciada, grandes zonas de nuestro territorio donde la población se siente cada día en el olvido de las administraciones, en la exclusión de los proyectos, en la falta de recursos y servicios. España tiene una deuda con las gentes del interior. La política tiene que evitar que las personas se vean obligadas a emigrar de las zonas rurales por falta de empleo, de expectativas, de servicios. El equilibrio territorial es sobre todo igualdad de oportunidades y de condiciones de vida para la ciudadanía resida donde resida.
El Plan de Reconstrucción presentado por el Gobierno de España, avalado ya por Bruselas, debe servir para poner en marcha un proceso de cambios estructurales y profundos, para afrontar problemas endémicos y debilidades enquistadas, y para asentar nuestro país sobre bases completamente renovadas. Sin olvidar a nadie.
la fase decisiva del plan se inicia ahora, y será imprescindible que su desarrollo y ejecución estén presididos por el diálogo social, la transparencia y la coordinación y corresponsabilidad entre las distintas administraciones, y orientado a la transformación de nuestro sistema productivo, la generación de empleo de calidad y con derechos, el fortalecimiento de los servicios públicos y el Estado de Bienestar, y la cohesión social y territorial.
Sería un error que el Plan sea capitalizado por los proyectos e intereses de las grandes corporaciones o condicionado por intereses partidistas o sectoriales. El Plan debe ser un proyecto de país, y eso exige una gestión abierta a los proyectos de pymes y administraciones territoriales que contribuyen a un desarrollo económico descentralizado, a la lucha contra la despoblación, al reparto de la riqueza y la vertebración y cohesión del territorio.
Todo eso requiere acuerdo político y diálogo social. Requiere de una agenda social complementaria, y requiere de medidas adicionales. Por ejemplo, en lo que se refiere a algunos servicios como los financieros. Hemos llegado a un punto en que es imposible vivir sin banco y no morir en el intento. La banca se ha convertido en un servicio esencial para el pago de suministros, el alquiler de vivienda, el acceso a prestaciones, cobro de pensiones, y un largo etcétera de cosas. Desde 2008 el sector bancario español ha destruido más de 100.000 empleos netos, y subiendo. Y lo mismo ha sucedido con las oficinas, hasta el punto de que ya hay muchos núcleos urbanos sin servicios bancarios presenciales.
No tiene sentido depender del sistema bancario y no tener ningún margen de actuación para adaptar sus estructuras y sus servicios a las necesidades de la ciudadanía. No tiene sentido especialmente tratándose de un sector donde el beneficio es la única ley, donde la digitalización se está usando para transferir la gestión a los usuarios y eliminar costes de personal e infraestructura. Por eso es necesaria una banca pública capaz de atender las necesidades de la ciudadanía. O eso, o establecer obligaciones de servicio público a la banca convencional.
