Uno de cada tres pensionistas vive por debajo del umbral de la pobreza
Joaquina tiene 85 años, fue modista, pero no cotizó a la Seguridad Social, ahora cobra una pensión de viudedad que no llega a los 600 euros, y vive sola. Tiene que hacer frente al pago de sus recibos, el gas, la electricidad, el agua, el teléfono, la comida… pero también tiene que pagar sus medicinas y todo ello sin contar con posibles imprevistos. En su situación, o en situaciones parecidas, se encuentran millones de pensionistas en nuestro país. Ella tiene dos hijos que la ayudan porque hay veces que le resulta imposible llegar a final de mes. Tiene suerte, muchos no tienen a nadie. Uno se pregunta cómo sobreviven.
Actualmente, las pensiones públicas son la única fuente de ingresos para más de 9 millones de personas. La pensión media es de unos 918 euros mensuales, la más frecuente es de 650 euros y un 46% de los pensionistas, más de 4 millones, recibe cuantías inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone que sus ingresos están por debajo de los 735,89 euros al mes.
Estos datos ponen de manifiesto que el 38% de nuestros mayores viven en bajo el umbral de la pobreza y, a pesar de ello, han sido en cuatro de cada 10 casos, el único sostén de las familias durante la crisis. Por desgracia, en plena “recuperación”, en muchos casos, continúan siéndolo.
El Gobierno rompió el Pacto de Toledo
En lugar de tomar medidas para revertir esta situación, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha en 2013 una reforma del Sistema de Pensiones que contiene un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que va a empobrecer, año tras año, a los pensionistas presentes y futuros.
No es una novedad, entre 1996 y 2004 el Gobierno del Partido Popular excluyó a los pensionistas de los beneficios del crecimiento económico, y ahora, los vuelve a condenar a perder poder adquisitivo.
Con esta reforma, el Gobierno rompió el consenso del Pacto de Toledo, dinamitó el Diálogo Social en materia de pensiones y abrió la puerta a que, por primera vez en más de veinte años y desde el inicio de la democracia, los pensionistas pierdan poder de compra. Especialmente, quienes tienen las pensiones más bajas.
Pero el Ejecutivo ya no tiene la mayoría absoluta de 2013, por tanto, carece de legitimidad política suficiente para mantener, contra todos, una reforma que desmantela el Estado de Bienestar tal y como lo conocemos.
Todos los países garantizan o mejoran sus pensiones
Ningún país ha implantado un mecanismo de falsa revalorización como el español. De hecho, todos los países del entorno mejoran o, al menos, garantizan, el poder adquisitivo de las pensiones. Generalmente son, incluso, más generosos, y toman medidas para que las pensiones se beneficien de las mejoras de la economía.
Además, conviene recordar que España es el país europeo donde más se cotiza al año para generar la pensión y que, el recorte en pensiones no ha sido una imposición de la Comisión Europea, sino una decisión unilateral del Gobierno del Partido Popular, cuyo periodo de gobierno ha sido el peor de todos para los pensionistas, y especialmente para los que perciben las pensiones más bajas.
Si se mantienen las ínfimas subidas del 0,25% durante los próximos 20 años, la pérdida de cada pensionista (por aplicación del Índice de Revalorización de la Reforma de 2013) ascenderá a entre un 30 y un 40% y la cuantía de una pensión de 1.000 euros mensuales se verá reducida en veinte años a 718 euros o a 585 euros, según la inflación anual sea del 1,5% o del 2%.
Subir las pensiones es una obligación
En un país cuya economía crece por encima del 3% del PIB, en el que las empresas tienen cada vez más beneficios, donde las retribuciones de los consejeros y los altos directivos crecen, y los precios de los servicios, la energía y los alimentos no hacen más que aumentar, no es de recibo que el Gobierno decrete subidas de las pensiones del 0,25%, es decir, 1,61€ al mes más para la mayoría de los pensionistas, que cobran alrededor de los 645 euros.
Mantener el poder adquisitivo de las pensiones es un derecho básico inseparable del derecho a la pensión de jubilación y hay que garantizarlo por encima de todo porque si no estamos condenando a los pensionistas de este país a la pobreza generalizada, futura, permanente y constante.
Negociación y consenso
Es necesario que el Ejecutivo se ponga a trabajar y busque soluciones de manera urgente, negociada y consensuada con los agentes sociales. Puede empezar derogando la reforma puesta en marcha sin consenso en 2013, aumentando el poder adquisitivo de las pensiones y garantizando la viabilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo y del Diálogo Social.
Además, es fundamental acometer una reforma inmediata de las fuentes de financiación, mediante una nueva recomendación del Pacto de Toledo que permita que el sistema no sólo se financie a través de cotizaciones como fuente básica y principal sino también, adicionalmente, con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.
El Pacto de Toledo debe establecer que la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC es, como mínimo, un derecho inherente al cobro de pensión, de carácter no contributivo (se contribuye solo para generar la pensión no para la actualización de la misma) y como tal ha de financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no con los fondos de la Seguridad Social.
El sindicato no parará
Ya en septiembre de 2017, los sindicatos emprendieron las marchas por las pensiones dignas, por las que miles de pensionistas salieron desde distintos puntos de España y confluyeron en Madrid para defender las pensiones públicas y el sistema público de pensiones.
Asimismo, se ha puesto en marcha la campaña del #LazoMarrón contra la subida de “mierda” de las pensiones del 0,25% y, en el marco de esta campaña, UGT está promoviendo mociones en todos los ayuntamientos, parlamentos y diputaciones de nuestro país que ya se están aprobando, así como la colocación de lazos marrones en las fachadas de los ayuntamientos de todo el país, algo que ya ha ocurrido en los ayuntamientos de Pamplona, Oviedo y Gijón.
Por otro lado, el sindicato sigue recogiendo las cartas que recibieron los pensionistas anunciándoles la ridícula subida del 0,25% con la intención de devolvérselas todas juntas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social como acto de protesta por este nuevo recorte a nuestros mayores.
La Unión General de Trabajadores está implicada en la defensa de las #PensionesDignas en todos los frentes. Así el sindicato ha recurrido ante los Tribunales (la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo) el Real Decreto del Gobierno de subida de las pensiones del 0,25%.
El sindicato ha pedido la nulidad jurídica de este decreto porque considera que el Gobierno ha eludido la ley, ya que la subida de las pensiones debe decidirse en el Parlamento y aprobarse a través de un Real Decreto Ley.
Además, UGT seguirá promoviendo cuantas acciones sean necesarias para frenar el despropósito de ajustar gasto a costa de los derechos de nuestros mayores.
Que no nos engañen, es una cuestión de voluntad política, porque hay alternativas, propuestas y soluciones para garantizar la financiación del Sistema Público de Pensiones. Otra cosa es que haya intereses para hacer negocio, de algo que nos pertenece a todos.
