22 septiembre 2021, 19:02 PM

Dos muertes al final del día

Durante el año 2020, con una parte muy importante de la población teletrabajando o en ERTE, con una caída del PIB que supera el 10% por las restricciones a la movilidad y los confinamientos de la Covid, los accidentes laborales mortales se incrementaron un 10%.  Las estadísticas nos dicen que, en promedio, cada día mueren dos personas en el trabajo. ¿A quién le tocará hoy, o mañana? ¿Qué vida, que familia acabará arrasada por esta tragedia silenciosa? Todo el mundo piensa que no le va a tocar a él, pero a alguien le pasa.

¿Qué está pasando? Pasa que hay precariedad laboral, que una gran parte de las personas trabajadoras tienen contratos temporales, que para ganarse la vida hay que intentar a toda costa que esos contratos se vayan renovando, y eso lleva en muchas ocasiones a callarse, a no reclamar medidas de protección y seguridad, a correr más riesgos de los razonables a cambio de conservar el puesto de trabajo.

Pasa que tenemos un mercado de trabajo diseñado para dar a las empresas extrema flexibilidad en la configuración y ordenación de sus plantillas con poco coste, poca negociación y ningún compromiso. Contratos por horas o días, despidos para el fin de semana o las vacaciones. Sin formación, sin prevención, sin estudios de salud laboral.

Decir que la precariedad mata no es ningún exceso, es una realidad. Y por eso UGT considera prioritario seguir exigiendo la derogación de las reformas laborales. Exigencia que estamos planteando en las mesas de diálogo social para –como la llama el Gobierno- modernización del mercado de trabajo, y que vamos a exigir también en las calles con la vuelta de las manifestaciones presenciales para la celebración del Primero de Mayo.

Pero, además de derogar las reformas laborales, este 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT quiere poner sobre la mesa la necesidad de revisar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Después de 35 años en vigor, esta norma, que ha sido muy positiva, necesita adaptarse a las nuevas realidades del trabajo, incorporar la perspectiva de género, e incorporar medidas para que la prevención de riesgos sea una auténtica práctica empresarial, no un campo libre para la mercantilización y evitar sanciones que es lo que tenemos en la actualidad.

Hay una realidad inapelable, porque surge de datos objetivos: en aquellos centros de trabajo donde hay presencia sindical, donde los trabajadores y trabajadoras están organizados y tienen representación legal, hay menos siniestralidad laboral. Para combatir la siniestralidad y garantizar la salud de las personas trabajadoras es necesario que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenga más recursos, que la Fiscalía especial de siniestralidad laboral tenga más recursos, y que los representantes de los trabajadores lleguen a más empresas. Por eso, teniendo en cuenta que nuestro país es un país de pequeñas y muy pequeñas empresas, la prevención de riesgos laborales requiere crear y generalizar la figura del delegado territorial o sectorial de prevención de riesgos laborales.

Hay que parar las muertes en el trabajo, podemos y debemos hacerlo cuanto antes.

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