La Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia ha celebrado su primera reunión como parte del mecanismo de desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España a las autoridades de la UE.
Para UGT este Plan debe servir para poner en marcha un proceso de cambios estructurales y profundos, para afrontar problemas endémicos y debilidades enquistadas, y para asentar nuestro país sobre bases completamente renovadas. En definitiva, para construir un nuevo país.
En ese marco hay que interpretar el trabajo de esta mesa de diálogo social, constituida el pasado 16 de noviembre en el Palacio de La Moncloa, con la participación del presidente del Gobierno y un número importante de ministros y ministras, los presidentes de CEOE y Cepyme, y los secretarios generales de UGT y CCOO.
Antes, sin embargo, deberíamos saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a los famosos fondos europeos.
El gran proyecto europeo
Sacudidos por las consecuencias humanas y económicas del gran confinamiento al que obligó la primera ola de la Covid-19 en todo el mundo, y concretamente en la UE, el 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo -tras durísimas negociaciones- alcanzó un acuerdo para la puesta en marcha del plan Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros.
Ese plan tiene dos instrumentos esenciales, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR, dotado con 672.500 millones de euros, de los que 360.000 serán para préstamos y 312.500 para transferencias no reembolsables) y el REACT EU (dotado con 47.500 millones que operarán como fondos estructurales más flexibles). El 70% de los fondos MRR se asignan al principio, y el 30% restante en 2022 según la evolución económica.
Una de la ‘fake news’ más relevantes en relación con el plan
es la que asegura que la Unión Europea ha condicionado
el acceso a los recursos a cosas como el mantenimiento
de la reforma laboral de 2012
España recibirá del MRR entorno a 60.000 millones en transferencias no reembolsables y podría acceder a un máximo de 80.000 millones en préstamos; del REACT EU nuestro país recibirá 12.000 millones para su ejecución en el periodo 2021-2022. A esto habrá que sumar los aproximadamente 79.000 millones de euros de los fondos estructurales y la Política Agraria Común 2021-2027. En total, alrededor de 140.000 millones que suponen el 11% del PIB de España en 2019.
Gestión y gobernanza, factores clave
Este importantísimo volumen de recursos pretende ser la pértiga con la que Europa se haga verde y digital creando empleo y crecimiento y reforzando sus servicios públicos. Para eso cada Estado miembro debe diseñar su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, con objetivos, programas de inversión y de reformas. España tiene previsto presentar su Plan definitivo el 30 de abril de 2021.
En octubre, sin embargo, se presentó el primer borrador del Plan que señala cuatro ejes de actuación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género. Es en la canalización y ejecución de los fondos donde entran en juego los criterios de gestión y gobernanza, donde se inscribe la constitución de la Mesa de diálogo social, y donde UGT considera que radican las claves del mayor o menor éxito del Plan.
Mentira, nadie nos obliga a mantener la reforma laboral
Una de la ‘fake news’ más relevantes en relación con el plan es la que asegura que la Unión Europea ha condicionado el acceso a los recursos del Plan a cosas como el mantenimiento de la reforma laboral de 2012 que tanto daño ha causado en los casi nueve años que lleva vigente. La Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, lo negó el mismo día de la constitución de la mesa de diálogo social, sumando así un desmentido más a los muchos que ya se habían producido desde las instancias europeas.
Una transformación económica como la que se aspira a conseguir no puede hacerse
sin el concurso de las empresas, como no puede hacerse sin los trabajadores
Además, algunos partidos políticos han planteado la gestión y gobernanza del Plan de Reconstrucción, que es un auténtico plan de futuro para el país, a través de comisiones independientes o ‘comisarios’ que puedan decidir sobre el destino de las inversiones sin intervención política. Habría que preguntar, independencia ¿de quién? ¿Quién debería gestionar un proyecto de país, financiado con los recursos de su ciudadanía? ¿Alguien elegido por instancias diferentes a los propios ciudadanos y ciudadanas? Para UGT esto no tiene sentido.
Más que el Plan: reformas estructurales
Tienen razón quienes reclaman participación en el desarrollo del Plan para garantizar su vinculación a las empresas. Una transformación económica como la que se aspira a conseguir no puede hacerse sin el concurso de las empresas, como no puede hacerse sin contar con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores.
UGT ya ha trasladado al Gobierno que comparte la filosofía de cambio y modernización en la que se inspira el Plan, pero también la necesidad de acompañarlo con una modernización de la legislación laboral y social, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y los servicios públicos. En este sentido, es imprescindible que una parte de los recursos del Plan estén dirigidos a abordar el fortalecimiento de los servicios públicos (educación, sanidad, atención a la dependencia) devastados por las políticas de austeridad extrema aplicadas en la anterior crisis.
Concreciones, cuanto antes
En la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social el Gobierno ha presentado dos documentos además del Plan: el Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales, y la Estrategia de impulso de la tecnología 5G. En una primera aproximación a estos documentos, UGT ha reparado en que la previsión de crear 800.000 puestos de trabajo como consecuencia de la implementación del Plan de Recuperación, avanzada por el Presidente del Gobierno durante su presentación, no está referenciada en los documentos. Hay falta de compromisos concretos en materia de creación de empleo.
Considera el Sindicato, asimismo, que la estrategia de extensión de redes digitales a todo el territorio debería estar acompañada de planes públicos de formación para la población que en este momento tienen mayores dificultades para el acceso y manejo de estas tecnologías, y de tarifas sociales que democraticen el acceso a los equipos y servicios necesarios.
Para UGT, además, hay dos cuestiones. En primer lugar, que las políticas del mercado de trabajo deben partir de términos más ambiciosos que etéreas referencias al dinamismo o la simplificación de los contratos, y apuntar más en la dirección de los contenidos ya abordados en anteriores procesos de diálogo y en los compromisos adquiridos en el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo firmado en el mes de julio. En segundo lugar, que es imprescindible clarificar a la mayor brevedad posible el sistema de gobernanza del Plan, y específicamente de la imbricación en el mismo del diálogo social.
Blog de Pepe Álvarez, VALOR SINDICAL, “Plan de Recuperación, algunas dudas”
