UGT tiene una posición clara en política de vivienda, que no es otra que la exigencia de una vivienda digna para todos y todas, como se establece en la Carta Social Europea, y como recoge nuestra propia Constitución en su artículo 14. Resulta, cuando menos, decepcionante que unos y otros intenten apropiarse del más importante hito de consenso de la historia contemporánea española (constitucionalistas y no constitucionalistas) al mismo tiempo que ignoran olímpicamente principios sociales a los que la Carta magna les da la misma fuerza legal.
El artículo 14 de la Constitución dice que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Los poderes públicos llevan más de cuarenta años fracasando en el cumplimiento de esa obligación.
Es un problema complejo, viene de lejos, intervienen muchos factores, pero hemos llegado al punto de una emergencia habitacional detectada y denunciada incluso por instancias internacionales como las Naciones Unidas. La Gran Recesión y la pandemia no han hecho sino agravar el problema.
La vivienda es un soporte fundamental para la protección de otros derechos humanos fundamentales como la dignidad, la intimidad, el desarrollo personal o la seguridad. Por eso necesitamos un cambio radical de políticas. Necesitamos normas y actuaciones diferentes. Pretender que la libertad de mercado podría dar respuesta a un derecho ciudadano básico se ha demostrado enormemente erróneo y lo hemos pagado muy caro.
Hay que dar un giro radical a las políticas de vivienda. UGT lleva años presentando iniciativas y propuestas cuyo eje central es la promoción pública de un parque de viviendas en alquiler, el control de precios del alquiler, y la reordenación de un sector configurado para el negocio y no para la provisión de un servicio esencial.
El detalle de esas propuestas está explicado en diversas iniciativas presentadas a lo largo de los últimos años, en solitario y conjuntamente con otras organizaciones. La última es la plataforma “Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda”.
Queremos que la Ley de Vivienda que prepara el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez suponga ese giro que necesitamos. Somos conscientes de que la negociación entre los partidos de la coalición está siendo complicada, y hacemos un llamamiento a que, también en esta ocasión, el Gobierno cumpla con sus compromisos, recoja en la futura ley de vivienda el contenido del Pacto de Gobierno, y abra cuanto antes al diálogo social el debate sobre esta ley.
