22 septiembre 2021, 03:14 AM

Trabajo, pan y vivienda

Las trabajadoras y trabajadores españoles llevamos décadas soportando las consecuencias de unas políticas de vivienda equivocadas y radicalmente injustas. Lo que debería ser un derecho fundamental real, no solo constitucional, es un problema estructural que impide la emancipación de las personas jóvenes, consume una parte desproporcionada de los recursos de las familias, y hunde en la pobreza y el desarraigo a quienes se ven privados de su vivienda como consecuencia de desahucios o desalojos.

Es urgente situar la vivienda en el campo de los bienes esenciales, arrancándola de las garras del negocio y la inversión especulativa. Desde finales del siglo pasado, con el primer Gobierno del PP presidido por José María Aznar, se facilitó la expansión desordenada del sector de la construcción. Se creó mucho empleo (precario), se gestaron grandes fortunas y se extendió la corrupción, se generó una burbuja inmobiliaria que acabó desembocando en la crisis del 2008, el rescate del sistema bancario, miles de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. El negocio se hundió y pagaron los de siempre.

Regulación y políticas públicas

Dejar el derecho a la vivienda en manos del mercado fue un error. Son necesarias políticas públicas que protejan y garanticen el derecho a la vivienda. UGT lleva años defendiendo esta línea de actuación, con propuestas concretas.

En el año 2019 el Sindicato presentó al Gobierno una propuesta en materia de vivienda que contemplaba la necesidad de controlar los alquileres y compraventas, así como de establecer un índice de precios de vivienda público para evitar la manipulación desde determinados sectores del alquiler, medida que se implantó en 2020 con la creación del
Índice de Alquiler de Vivienda.

En 2020, justo antes de la pandemia, UGT y CCOO presentaron conjuntamente la “Iniciativa sindical por una vivienda digna”, donde se contenían algunas de las medidas defendidas por ambas organizaciones. Finalmente, y ya en este año, UGT ha promovido la “Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la vivienda”, conjuntamente con otras 50 organizaciones. El 24 de febrero la plataforma presentó su propuesta a los grupos del Congreso, y el 16 de marzo más de 100 organizaciones de toda España enviaron cartas a los ministros de Fomento, José Luis Ábalos, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, exigiendo total transparencia en el debate de la Ley de Vivienda en la que trabaja el Gobierno de Coalición.

Un compromiso del Gobierno que debe cumplir

En el documento “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España” PSOE y UP explican los contenidos del Acuerdo de Gobierno, y en el capítulo de “Apoyo a las familias” incluyen un apartado de vivienda en el que figuran compromisos como frenar las subidas abusivas del alquiler en zonas previamente identificadas como tensionadas, fomentar el alquiler social y el realojo inmediato de inquilinos sin recursos, la regulación del alquiler turístico, movilización de suelo público para viviendas de alquiler social o asequible, nuevos mecanismos de protección a las personas hipotecadas, y puesta en marcha de un plan estatal para la rehabilitación de vivienda, entre otras.

El desarrollo de este compromiso se viene gestando durante los últimos meses con negociaciones entre los dos socios de Gobierno para la presentación de una Ley de Vivienda, pero con escasa transparencia y nula participación de los interlocutores sociales.

UGT ha expresado públicamente su apuesta por alejar el carácter especulativo del derecho a la vivienda lo más rápidamente posible, mientras se avanza en la constitución de un parque social de vivienda pública en alquiler. Porque la apuesta del sindicato se centra en dedicar los recursos públicos al alquiler, consolidar un amplio parque de viviendas públicas en alquiler, y regular este mercado para alinearlo con los salarios de las personas trabajadoras.

Alinear salarios y alquileres

UGT considera necesario limitar el precio máximo del alquiler en las zonas tensionadas (aquellas en las que el coste medio del alquiler supere el 25/30% de los ingresos medios de los hogares que residen en la zona), vinculándolo a los ingresos de los hogares. En los casos en los que el alquiler supere esta ratio se establecería una limitación, temporal, revisable anualmente y reversible.

Evidentemente, para la puesta en marcha de una medida de estas características son necesarias estadísticas oficiales y fiables con el mayor desglose territorial posible sobre los precios y los ingresos de los hogares.

Sería necesario, además, otro tipo de actuaciones, tanto en el campo regulatorio como en el de la inversión. Respecto a lo primero, el Sindicato apuesta por incorporar a nuestra legislación el derecho a una vivienda digna y adecuada como un derecho subjetivo, y complementar ese derecho con la garantía de acceso a los suministros básicos para personas vulnerables.

Otras medidas estarían destinadas a incentivar la vivienda como bien de uso y no de inversión, y para eso sería necesario, por ejemplo, regular las viviendas turísticas, gravar fiscalmente las viviendas vacías en zonas tensionadas, reformular los beneficios fiscales destinados a la vivienda en alquiler, suprimir los beneficios fiscales a la compra, elevar al tipo general de sociedades la tributación de las SOCIMI relacionadas con el alquiler de viviendas, rebajar del 21 al 10% el IVA de la rehabilitación de las viviendas destinadas al alquiler público, y reordenar la fiscalidad de las diferentes empresas que operan en el sector inmobiliario o alquiler.

En el capítulo de inversiones, UGT considera prioritario constituir grandes parques públicos de vivienda social, preferiblemente en alquiler con carácter permanente y no descalificable (gestionados por empresas públicas de los ayuntamientos o las comunidades autónomas). Esto requerirá de un importante esfuerzo inversor inicial dado que nuestro país tiene el parque de viviendas sociales en alquiler más pequeño de todos los países europeos de la OCDE. Algunos estudios recientes lo establecen en torno a 290.000 inmuebles, el 1,1% de todas las viviendas del país. Realmente pequeño si lo comparamos con el 38% de Holanda, el 17,4% del Reino Unido, o el 14% de Francia.

Por eso sería necesario incrementar progresivamente la inversión con este fin, hasta alcanzar el 1,5% del PIB, incluyéndose otro tipo de actuaciones como un plan de rehabilitación o la configuración de un plan de alquiler seguro en el que los propietarios de viviendas vacías en zonas tensionadas las cedieran para alquiler con la garantía y seguridad de la gestión pública y beneficios adicionales (conservación, rehabilitación, o fiscales).

Se trata de corregir los errores del pasado y adoptar una cultura completamente diferente a la tradicional. Se trata de acabar con la vivienda como artículo casi de lujo, al alcance de unos pocos, para situarla entre los bienes esenciales que realmente es. Se trata de actuar con valentía frente a intereses especulativos.

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