La forma de hacer política de algunos personajes, como Donald Trump, puso de moda términos como fake news o “realidad alternativa” para defender las puras y simples mentiras de toda la vida como arma de actuación política. O económica. Porque esa ha sido -y sigue siendo- la táctica más utilizada desde hace décadas en el debate público sobre los sistemas de pensiones.
En economía, sin embargo, están mal vistas las acusaciones de fake news, quizá porque se asume tácitamente que cada cual está legitimado para defender sus intereses y buscar su propio beneficio como le parezca bien. Y al amparo de ese principio se han invertido millones de euros en miles de informes -respaldado por personas es instituciones muy reputados- destinados a crear el clima de alarma necesario para que la ciudadanía piense que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles. Se cuentan como verdades matemáticas, incuestionables, lo que no son más que interpretaciones interesadas.
En España tenemos dos informes públicos, uno de la AIREF y otro de la Seguridad Social, que sostienen lo contrario. El sistema público de pensiones en España es sostenible si se deja de cargar sobre sus cuentas gastos de política económica, gastos de gestión que no le corresponde, se toman algunas medidas equilibradas y justas sobre cotizaciones de determinados colectivos, y se afrontan situaciones extraordinarias como lo que son, extraordinarias.
Todo eso es lo que explicamos en este número de UNIÓN, porque las pensiones vuelven a estar en el centro de la controversia por unas medidas que el Gobierno anuncia a las autoridades de la Unión Europea pero no las lleva a la mesa de diálogo social.
La ciudadanía ya dejó claro su rechazo a tener pensiones de miseria, es decir, a lo que hizo el PP con la Ley de 2013. Queremos pensiones dignas para los pensionistas actuales y futuros, y eso significa caminar en dirección contraria a lo que establecía la ley del PP, y obliga a su derogación.
El próximo 11 de febrero, UGT y CCOO volvemos a las movilizaciones para defender, una vez más, un sistema público de pensiones libre de recortes innecesarios.