Las movilizaciones van a continuar. Ese ha sido el mensaje lanzado por el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, durante las comparecencias públicas de la ultima semana, en las que también ha avanzado que los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, están concretando las próximas actuaciones para sostener en el tiempo tres reivindicaciones esenciales: revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021, retomar ya las negociaciones para derogar las reformas laborales, y garantizar pensiones dignas abordando de una vez la derogación de la ley de pensiones del PP de 2013.
La movilización en tiempos de pandemia implica asumir algunos condicionantes que, sin embargo, y como se ha demostrado en las más de 50 concentraciones realizadas por todo el país el pasado 11 de febrero, bajo el lema #AhoraSíToca, pueden realizarse con éxito y respetando las prescripciones de las autoridades sanitarias.
Una presión necesaria y legítima
Este proceso de movilizaciones surge como consecuencia de la falta de claridad del Gobierno respecto a cuestiones que ya estaban en las mesas de diálogo social antes de la pandemia, y que además son compromisos del propio Gobierno de coalición adquiridos durante la última campaña electoral y en el texto del Acuerdo de Gobierno.
Las maniobras de dilación, el estancamiento de las mesas de negociación con los interlocutores sociales, las propuestas que aparecen y desaparecen en función de nadie sabe muy bien qué, o la disparidad de mensajes entre unos y otros miembros del Gobierno no son de recibo, y tienen un coste para los trabajadores y trabajadoras de este país que llevan meses esperando que las promesas lleguen al BOE y se conviertan en realidad.
Es por eso que, a pesar de la pandemia, UGT considera necesario salir a la calle y hacer sentir esa presión, los argumentos de quienes soportaron los recortes de la anterior crisis, los que siguen sometidos a una regulación laboral hecha para despedir y precarizar a bajo coste, y a los que la pandemia ha vuelto a imponer una nueva moratoria sobre sus legítimas aspiraciones de cambio, empezando por la congelación del SMI o mantener la legislación del PP de las pensiones.
¿hasta cuando?
Hablar de la derogación de las reformas laborales y recordar a Cicerón (¿Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?, es decir ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?) es todo uno. Porque, como ha recordado Pepe Álvarez, esta derogación estaba sobre la mesa de negociación antes de la pandemia, y existían preacuerdos sobre algunos temas que podrían fácilmente ser retomados y aprobados.
En concreto, se habían consensuado textos para la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratas y subcontratas, estableciendo límites cuando se trata de las actividades propias de la empresa principal, garantizando los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas, y estableciendo condiciones más rigurosas en materia de responsabilidad y transparencia para esta práctica.
También existían acuerdos respecto a los artículos 15.1.a (contratos de duración determinada por obra o servicio), y artículos 84, 86 del ET y textos adicionales mediante los que se establecía la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, y la ultraactividad de los convenios una vez cumplida su vigencia.
UGT es plenamente consciente de las dificultades que conlleva, y el tiempo que requiere, acometer la revisión integral que necesita el Estatuto de los Trabajadores, pero la dimensión del trabajo no puede ser excusa para ir acometiéndolo de forma progresiva y urgente, especialmente en algunas cuestiones que están identificadas y que podrían estar vigentes en el corto plazo.
Excusas de mal pagador
En cuanto a la negativa del Gobierno a revalorizar este año el SMI, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los países de nuestro entorno, sus argumentos han quedado reducidos, como suele decirse, a excusas de mal pagador. Una parte muy importante de los países europeos que tienen salario mínimo han aprobado revalorizaciones para este año, y sus economías han sufrido la pandemia como la nuestra.
El SMI es la frontera legal de la precariedad salarial, y se aplica en aquellos ámbitos donde no llegan plenamente la cobertura de los convenios colectivos. Lo que no implica que las empresas que los pagan atraviesen especiales dificultades, con pandemia o sin pandemia. Ni el campo, ni la seguridad privada, ni las empresas de atención a la dependencia -por poner tres ejemplos- son sectores especialmente afectados por las restricciones de actividad impuestos por la pandemia. No revalorizar el SMI implica que no tendrán que repartir sus beneficios con trabajadores y trabajadoras que ya están en los límites de la precariedad salarial.
La decisión del Gobierno era tan desacertada e injustificable en diciembre como lo es en febrero, y cargar a los trabajadores y trabajadoras más precarios con esta decisión es un error que merece la movilización de las organizaciones sindicales y del conjunto de los trabajadores.
Las pensiones y el chachachá
Este es otro de los ámbitos en los que resulta más evidente el baile que practican casi a diario las diferentes almas que parecen coexistir en el Gobierno, y que, como en el caso de las pensiones, acaban provocando que nadie sepa hacia dónde vamos.
El Pacto de Toledo tiene un diagnóstico compartido y ha emitido sus recomendaciones. El Gobierno tiene unos compromisos que, en buena medida, coinciden con las reivindicaciones de las organizaciones sindicales mayoritarias. Por eso no tiene sentido que se introduzcan en el debate, como ha hecho el Gobierno, propuestas que suponen precarizar las pensiones.
Para UGT el problema de nuestro sistema público de pensiones es claramente de ingresos, no de gastos. Alemania, Francia o Italia gastan en pensiones más que nuestro país en términos de PIB. La Seguridad Social debe dejar de pagar con cargo a cotizaciones gastos que no le corresponde, y tendremos que analizar cómo han actuado las medidas adoptadas en el Pacto de pensiones del año 2011, que todavía están en proceso de desarrollo. A partir de ahí es cuando deberemos tomar las medidas que sean necesarias, y eso implica derogar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad que aprobó el PP en su reforma unilateral de 2013.
Movilización permanente
En consecuencia, y tras analizar el resultado de las movilizaciones realizadas el 11 de febrero, UGT y CCOO consideran necesario mantener la presión reivindicativa dándole continuidad en el tiempo. Ambas organizaciones, por tanto, están inmersas en la tarea de definir las actuaciones más convenientes teniendo en cuenta la evolución de la situación sanitaria en los diferentes territorios, así como el calendario para su desarrollo.
La excepcionalidad de la pandemia ha agotado su recorrido como argumento. La legislatura política iniciada hace un año debe entrar en una fase de normalidad que, en el ámbito laboral, implica abordar los problemas de fondo que estaban en la agenda, y hacerlo cuanto antes.
