El cambio de Gobierno supuso la apertura de un camino ilusionante pero muy complejo dada la fragilidad parlamentaria actual. Pero en las mesas de Diálogo Social entre el Gobierno y los interlocutores sociales se han alcanzado consensos para la recuperación de derechos que deberían ser respaldados por el Parlamento. Entre estas medidas están: la recuperación de las prestaciones para parados de más de 52 años, un plan de empleo juvenil, la recuperación de la ultractividad de los convenios colectivos, poner fin a la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de ámbito sectorial, garantía de aplicación del convenio colectivo en los casos de externalización productiva o subcontratación, control de jornada (clave para atajar la utilización fraudulenta del contrato a tiempo parcial), recuperación del contrato de relevo para la industria manufacturera (que UGT reclama universalizar).
El Diálogo Social ha alcanzado puntos de acuerdo, igualmente, en relación con la Seguridad Social y el Sistema Público de Pensiones, sobre la revalorización de éstas conforme al IPC, la revisión de la fórmula por la que se regula el factor de sostenibilidad, medidas que refuercen los ingresos de la Seguridad Social, y una nueva dinámica para garantizar la suficiencia futura del sistema basada en el incremento de ingresos y no en el recorte de las pensiones. Es inaplazable pasar de las palabras a los hechos, y eso implica que el Gobierno legisle en base a esos consensos.
Materializar los cambios
El Sindicato es consciente de que la patronal (CEOE y CEPYME) son reticentes a algunas de estas cuestiones, pero también de que no tienen ninguna autoridad moral para exigir derecho de veto cuando se desentendieron del imperativo de acuerdo cuando las reformas impuestas les resultaron extraordinariamente favorables a sus intereses, y fueron firmantes de la reforma de pensiones de 2011. Por tanto, existe una pluralidad de grupos políticos en el Congreso de los Diputados que apostaron por el cambio en la moción de censura y que tendrán muy difícil justificar por qué ese compromiso se esfuma cuando se trata de que el cambio alcance de hecho a la vida de las personas.
PGE 19
Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentados por el Gobierno son una oportunidad para iniciar el camino de repartir la riqueza, de devolución de los derechos y libertades perdidos durante la crisis, con una apuesta clara para devolver recursos a políticas fundamentales como la dependencia, pensiones, prestación por desempleo, cumplimiento del acuerdo de subida salarial en la función pública, lucha contra la violencia machista, o inversión en infraestructuras, innovación y desarrollo. No obstante, esto no debe ser más que el comienzo de una nueva etapa política de lucha contra la desigualdad, la pobreza, la precariedad e inestablidad en el empleo, y por el reforzamiento del Estado de Bienestar.
En apoyo de esta línea reivindicativa hemos empezado a desarrollarse la campaña de movilización, conjunta con CCOO, que se llevará a cabo en tres frentes. En primer lugar, en el ámbito de la negociación colectiva, con especial incidencia en los sectores donde todavía no se han concretado los acuerdos alcanzados entre CEOE, CEPYME, UGT y CCOO en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC); ese acuerdo supuso un fuerte cambio de tendencia en la política salarial de los últimos años, pasando de la devaluación a los incrementos salariales superiores a las previsiones de inflación, en la lógica de una progresiva recuperación del poder adquisitivo perdido, con especial énfasis en los tramos salariales más bajos para situarlos en 1.000 euros al mes en 14 pagas. La resistencia de algunas patronales a la aplicación de estos compromisos es inadmisible y debe empezar a reconducirse en la negociación colectiva de este comienzo de año.
Salud laboral e igualdad de género
En segundo lugar, en el diálogo social. No sólo consideramos imprescindible que el Gobierno busque los consensos necesarios para la aprobación definitiva de los puntos ya consensuados, sino que le emplazamos a la apertura de espacios de negociación que todavía están pendientes, como es el caso de la salud laboral. El abandono de este ámbito por parte de las empresas durante los años de la crisis está teniendo consecuencias nefastas en términos de accidentalidad y siniestralidad para los trabajadores y trabajadoras, derivando en un problema enquistado y en crecimiento. Se mantiene la media de dos muertos diarios en el puesto de trabajo, y es urgente adoptar las medidas necesaria para revertir esta situación.
Finalmente, en tercer lugar, la igualdad. La gran movilización de la sociedad española durante la jornada de huelga del 8 de marzo de 2018 no ha sido suficiente para quebrar el inmovilismo político en relación con este tema, dando como resultado la práctica ausencia de avances en este ámbito un año después. Por esta razón, las organizaciones sindicales UGT y CCOO volveremos con un proceso de movilizaciones y asambleas en toda España, y a convocar una jornada de lucha por la igualdad y la dignidad de las mujeres el 8 de marzo de este 2019, exigiendo a nuestra clase política, sino la valentía necesaria para situar a nuestro país en la vanguardia de la igualdad, sí al menos la responsabilidad que les corresponde para sacudirse el cinismo y las buenas palabras y tomar las decisiones que está reclamando una mayoría social incuestionable.
