En una reunión mantenida el pasado 15 de noviembre, el Gobierno se comprometió con las organizaciones sindicales de Función Pública a aprobar, el próximo 1 de enero, el aumento salarial del 2,25% previsto para los empleados públicos, aunque no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
La Unión General de Trabajadores, a través de su Federación de Empleadas y Empleados Públicos, ha pedido la Administración la revisión para su adecuación de la norma escrita sobre determinados puntos del acuerdo firmado el pasado mes de marzo con carácter trianual, como los referidos al Estatuto Básico de Trabajadores.
También ha planteado, de cara a las administraciones locales, que se tenga en cuenta la Ley de Función Pública de cada comunidad autónoma y que tengan capacidad propia en materia de plantillas.
Otro punto que se ha tratado es el referido a la subrogación del personal de contratas administrativas, para aclarar el asunto y dar “formalidad” tras la sentencia del Supremo.
En el encuentro se evaluaron también los procesos de estabilización de empleo en el marco del acuerdo suscrito con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir una estabilización de interinos que reduzca la temporalidad al 8%. Para el sindicato, la evolución es “positiva” y permitirá alcanzar la meta, ya que, por ejemplo, en Educación se han convocado para este año 24.000 plazas y la estabilización de interinos supera el 80%, con solo un 10% de plazas no cubiertas.
