Entre las diez políticas palanca en torno a las cuales se articula el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España, hay tres que concentran la mitad de los recursos económicos destinados a la financiación del Plan: educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades(17,6%); modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a España una nación emprendedora(17,1%); y Pacto por la Ciencia y la Innovación, refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud (16,5%). Estas tres políticas concentran el 51,2% de las inversiones previstas en el Plan para los próximos tres años.
Son tres líneas de actuación interdependientes si el objetivo final es cambiar la base de nuestra estructura productiva desde el actual modelo -basado en inversiones de corto plazo y alta rentabilidad, pocos sectores, y uso intensivo de mano de obra barata- a otro basado en la innovación, la cualificación, y el desarrollo de la industria.
Diálogo social para las capacidades
El 3 de febrero se dio un paso importante en el desarrollo de estas políticas con la constitución de la mesa de diálogo social sobre economía del talento, especialización y futuro, en la que participan -además de UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, los ministerios de Educación y Formación Profesional, Ciencia e Innovación, y Universidades. La hoja de ruta de esta mesa incluye temas como el desarrollo de la Formación Profesional, el reto de la digitalización y el desarrollo de las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades) especialmente entre niñas y jóvenes.
El problema de la escasa participación de las mujeres en las actividades de ciencia y tecnología ha sido abordado, de manera específica, con la presentación de la Alianza STEAM cuyo objetivo es impulsar iniciativas en el ámbito educativo y formativo que eliminen los estereotipos de género asociados a determinadas vocaciones y profesiones, la brecha de género en el acceso a estas disciplinas y su promoción entre las niñas y jóvenes en los primeros niveles educativos.
Brecha de género: sí, aquí también
UGT es una del medio centenar de organizaciones que se ha unido a esta Alianza, que considera positiva en términos generales, especialmente en su análisis de partida, pero en la que se echa en falta una consideración más amplia de los aspectos laborales.
Según datos del Gobierno, las alumnas son sólo el 11,4% en las ramas de informática y comunicaciones de la FP, el 9,4% en la de fabricación mecánica, y el 4,8% en las de electricidad o electrónica. En los másteres universitarios las mujeres son el 12,9% de los estudiantes de informática, y el 28,5% en las carreras relacionadas con ingeniería, industria y construcción.
El Estudio sobre la Situación de las jóvenes investigadoras en España, realizado por el Observatorio Mujeres del Ministerio de Ciencia e Innovación, ofrece una buena aproximación al problema de la discriminación de las mujeres en los ámbitos científicos, con carreras laborales que evolucionan de forma claramente diferente a las de sus compañeros masculinos.
Según los datos del Estudio, en 2018 había 234.798 investigadores en España, de los que un 41% eran mujeres. Las investigadoras eran el 52% del personal investigador de la Administración pública, el 43% del total de la enseñanza superior y el 49% del correspondiente a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (PSFL). En el sector privado las mujeres eran sólo el 31% del personal investigador.
En cuanto a las áreas de trabajo, hay más científicas en las ciencias sociales (31%), y más científicos en las ciencias exactas y naturales (26%). “En 2018, las jóvenes investigadoras españolas representaban el 35% del personal investigador en el área de ingeniería y tecnología, contrastando con el porcentaje en ciencias médicas y de la salud, donde las mujeres jóvenes representan el 65%”, señala el Estudio.
¿Por qué las mujeres progresan menos, o abandonan, la carrera científica? En este capítulo hay viejos conocidos de otros ámbitos, como una compensación económica precaria y/o desigual, malas condiciones de trabajo, un ambiente de trabajo poco flexible y exigente que dificulta la conciliación familiar y laboral, o falta de reconocimiento de su trabajo que limita el avance.
Estos… y otros problemas
Siendo importante, este problema no es el único que afecta al sector investigador en España. Según el informe “Ciencia en España: problemática y líneas de solución”, elaborado por el Servicio de Estudios de UGT, la Unión Europea destina una media del 2,19% del PIB a inversiones en I+D, mientras que en 2019 nuestro país invirtió un 1,25% del PIB.
Además, persisten problemas endémicos como fuertes cargas burocráticas, excesiva atomización y compartimentación de los grupos de investigación y anticuados modelos de organización en Universidades y centros públicos de investigación, plantillas envejecidas (la edad media del personal investigador supera los 50 años) mientras miles de jóvenes especialistas emigran al extranjero por falta de oportunidades laborales, y una precariedad en las condiciones de trabajo que está siendo reconducida (actualmente hay 4.500 trabajadores eventuales en proceso de estabilización entre el personal dependiente de la administración central del Estado).
También son viejas conocidas la debilidad de las infraestructuras científicas (como consecuencia de los recortes presupuestarios), y el escasísimo esfuerzo innovador del sector privado: el gasto empresarial español en I+D es del 0,7% del PIB, y tan solo un 15% de nuestras empresas con actividad innovadora, nos sitúa muy lejos de la media de la UE (1,45% del PIB).
Un pacto por la ciencia
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 “ha revelado la insuficiencia de la inversión en ciencia e innovación en general, y en particular en algunos sectores estratégicos determinantes, como la inteligencia artificial, y la necesidad de desarrollar un sistema de investigación paneuropeo más sólido” afirma el Plan de Reconstrucción.
En consecuencia, desde hace meses se viene elaborando un Pacto por la Ciencia que, finalmente, se presentó el 10 de febrero, y que tiene un contenido muy concreto, “que la financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas financieras, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030, lo que supondrá llegar al 0,75% antes de 2024”, una inversión blindada porque no se tocaría aunque se acometiera una reducción del gasto público.
El Pacto -que UGT ha respaldado- incluye también el compromiso de dotar de autonomía y recursos a las estructuras investigadoras, así como la promoción de una carrera profesional para el personal investigador.
Propuestas de UGT
Sin embargo, UGT considera que son necesarias medidas adicionales, como, por ejemplo, estas:
– Incrementar la oferta pública de empleo en los organismos públicos de investigación, tanto para personal científico como auxiliar de investigación, y de apoyo a la investigación
– Agilizar el plan de estabilización del personal laboral que trabaja en investigación
– Activar un plan de retorno del talento joven emigrado al extranjero ofreciéndoles salarios dignos y condiciones laborales atractivas (como podría ser un modelo de contratos tipo Tenure Track, contratos temporales de cinco años convertibles en permanentes tras una evaluación)
– Aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la I+D hasta alcanzar el objetivo del 3% del PIB en todos los estados miembros de la UE en 2030
– Sustituir la política de créditos a las empresas para financiar la I+D empresarial, por una política de subvenciones
– Abordar cambios organizativos, como recuperar la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y volver a unificar los ministerios de Universidades y Ciencia e Innovación
– Impulsar la educación en nuevas tecnologías desde edades tempranas, antes de que cualquier sesgo de género se haga presente
– Diseñar campañas de sensibilización que aporten mayor visibilidad y espacio a las mujeres investigadoras y tecnólogas
