Si hay un debate claramente ideológico ese es el de los impuestos. También es uno de los más manipulados. Hace décadas que se convirtió en una moda aplicar calificativos positivos a las rebajas de impuestos (como “alivio fiscal”) y negativos a las subidas (como el “infierno fiscal” del que ahora habla la derecha española).
UGT apuesta por un sistema fiscal con una fuerte capacidad recaudatoria, la que se necesita para tener un sistema de servicios públicos amplio, eficiente y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía en condiciones de equidad y calidad.
El sistema fiscal español actual no responde a esas necesidades, por lo que el Sindicato ha establecido como eje central de su actuación la defensa de una reforma fiscal integral, como parte de una estrategia global dirigida a devolver a los trabajadores y trabajadoras al centro de las políticas públicas, aumentando la redistribución de la renta y la riqueza.
La reforma que se plantea alcanza a todas las figuras fiscales y la creación de algunas nuevas, no sólo para garantizar la suficiencia de recursos públicos, sino también para reequilibrar el peso de las figuras tributarias de forma que la imposición directa (la que tiene en cuenta la situación del contribuyente a la hora de aplicarla) tenga más protagonismo en el conjunto del sistema.
Reformar la Constitución
La crisis financiera de 2008 y las políticas de recortes impuestas por la UE llegaron a lo más alto de nuestro sistema legislativo con la reforma –sin debate público y en pleno mes de agosto- del artículo 135 de la Constitución para anteponer el principio de estabilidad presupuestaria al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas ante una coyuntura económica recesiva.
La reforma fiscal que plantea el Sindicato empieza por revertir esta reforma, y por establecer en la Constitución un suelo de gasto social no afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural ni de las medidas que de ello deriven. De esta forma se protegerían las necesidades esenciales de la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo o pensiones, porque las prioridades de cualquier gobierno deben pasar por mantener y mejorar los servicios públicos, y el ciclo económico no debe servir de justificación para menoscabar los derechos de la clase trabajadora.
IRPF sin agujeros
El IVA (impuesto sobre el valor añadido) es un impuesto indirecto, que paga igual todo el mundo sin tener en cuenta la riqueza de quien lo paga. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto directo que puede ser más o menos progresivo, es decir, puede configurarse para que paguen más los que más tienen, menos los que tienen menos, e incluso eximir de su pago a personas con ingresos muy bajos. UGT considera, primero, que debe reforzarse su progresividad, y segundo, que hay que revisar el sistema de reducciones y deducciones fiscales para suprimir las más ineficientes e injustas, así como eliminar el método de estimación objetiva porque ha perdido sentido.
También es necesario hacer que las rentas del capital tributen como las del trabajo (no existe justificación para que sean favorecidas) y que los trabajadores y trabajadoras autónomos coticen por sus bases reales, como se plantea en el acuerdo de pensiones que se está ultimando en el diálogo social.
Garantizar un tipo mínimo efectivo en sociedades
El tipo efectivo de gravamen por sociedades que pagan las empresas –especialmente los grandes grupos y corporaciones- es muy inferior al tipo de gravamen general (lo que deberían pagar según sus resultados) gracias a un generoso e injusto sistema de exenciones, deducciones y bonificaciones que es necesario limitar al máximo. Por eso UGT considera necesario garantizar un tipo mínimo efectivo sobre el beneficio contable que evite la desfiscalización de estas rentas (tal y como se está debatiendo a nivel internacional, donde avanzan las negociaciones para el establecimiento de un impuesto global a las grandes corporaciones) y eliminar el régimen de consolidación de grupos.
Hay que cambiar también el régimen fiscal de las SICAV (Sociedades de inversión de capital variable) y SOCIMI (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) para elevar su tributación que ahora está en el 1 y 0 por ciento respectivamente. Un avance en este sentido – aunque insuficiente- es el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, y que establece una tributación del 15% para los beneficios no distribuidos de las SOCIMI y un endurecimiento de las condiciones de inversión en las SICAV para poder beneficiarse de esa tributación del 1%.
Más progresividad para el IVA
Dado que es un impuesto que paga todo el mundo igual, incrementar su progresividad radica en aplicar tipos más reducidos a los bienes, productos y servicios más necesarios para la población general. Por eso UGT propone revisar aquellos a los que se les aplica el tipo reducido (10%) y el superreducido (4%) e incluir en ello los suministros básicos de la vivienda para consumos bajos. Igualmente contribuiría a mejorar la equidad del impuesto suprimir las exenciones que disfrutan la sanidad y educación privadas, que tienen un elevado coste fiscal; así como impulsar la implantación de un tipo impositivo incrementado europeo sobre los bienes de lujo que consumen las personas de mayor renta y riqueza.
Nuevos impuestos y nuevas realidades
El despliegue de la digitalización nos plantea, entre otros retos, la adecuación del modelo fiscal a una estructura productiva que en muchos sectores irá reemplazando en gran parte a trabajadores por sistemas digitales y robotizados. Por eso UGT plantea establecer nuevos sistemas recaudatorios para este tipo de empresas, porque sería absolutamente inadmisible que el beneficio empresarial se construyera a costa de una merma en el bienestar de las personas y de los recursos del Estado.
También se promueve la creación de una nueva figura tributaria que grave las viviendas vacías de las entidades financieras, SOCIMI y de los fondos de capital riesgo para evitar actuaciones especulativas con un bien esencial y propiciar su disponibilidad para los parques públicos que deberían impulsar las distintas administraciones.
La tercera propuesta pretende gravar la riqueza. En este sentido, es necesario elevar la tributación de los impuestos de sucesiones y donaciones, estableciendo criterios mínimos y homogéneos a nivel nacional y eliminando la competencia fiscal entre regiones que tiene efectos muy negativos para el erario público, y consecuentemente, para la sociedad en su conjunto. Y en segundo lugar, es necesario establecer una imposición efectiva sobre la riqueza que integre todo el patrimonio de la persona contribuyente, y que también debe incluir unos tipos mínimos homogéneos en todas las CCAA.
Y todo eso no es nada si no se vigila el fraude y la elusión
Por voluntad, por cultura, por interés, por lo que sea, no todo el mundo está dispuesto a cumplir las normas por muy justas o equitativas que sean. Especialmente las tributarias. Las empresas y los grandes capitales invierten ingentes cantidades de dinero en asesorías y procedimientos que les permitan pagar menos impuestos. La ingeniería financiera, la deslocalización de patrimonios, el cambio de residencias fiscales, los paraísos fiscales, los productos opacos, etc… detraen recursos a los Estados y comprometen la financiación de las políticas públicas. Por eso es fundamental reforzar los instrumentos de lucha contra el fraude y la elusión fiscal y fomentar un comportamiento ético y responsable de la ciudadanía.
