El próximo 31 de agosto está prevista la reversión de las autopistas de peaje gestionadas por Acesa (AP7 y AP2) e Invicat (C32), a la Administración estatal y autonómica catalana, respectivamente, por la finalización del plazo de concesión.
En el caso de la administración estatal, y según ha sucedido ya en el caso de las autopistas de peaje AP1 (Burgos-Armiñón), AP7 (Tarragona-Alicante) y AP4 (Sevilla-Cádiz), la previsión es que desaparezcan los actuales peajes, pasando a licitarse de forma sucesiva una serie de contratos públicos de servicio, destinados a la conservación de las infraestructuras, y a la gestión de la vialidad y la seguridad de las mismas.
Esto conlleva que los trabajadores y trabajadoras que, en la actualidad, realizan tareas integradas en los nuevos contratos, van a ver subrogado su contrato en alguna de las empresas que resulten adjudicatarias de los contratos públicos. Se trata, mayoritariamente de operarios de mantenimiento, responsables COEX, operarios de comunicaciones y seguridad, etc., que UGT estima en cerca de 250 contratos entre ambas empresas.
El resto de la plantilla, salvo que el ejecutivo decida no eliminar el pago, verá extinguido su contrato por causas organizativas y productivas. Unos 400 trabajadores y trabajadoras que realizan su trabajo en el área de peaje, atención al usuario y todo lo que da soporte a esta actividad, que se sumarán a los 260 trabajadores que ya ha sido despedidos en el primer semestre de 2020.
UGT lamenta la ausencia de compromiso de ambas administraciones con el empleo, en esta situación; en especial en pleno proceso de tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
