Si la mesa de diálogo social para la ordenación de las plataformas digitales acaba en fracaso, el Gobierno tendrá que dar muchas explicaciones sobre las razones por las que ha ido abandonando sus propias posiciones y alineándose con las defendidas por las organizaciones empresariales. Tendrán que explicar por qué han jugado con las expectativas de miles de trabajadores y trabajadoras que siguen estando sometidos a condiciones laborales rayanas en la explotación, cuando no claramente abusivas.
Dedicamos este número de UNIÓN a repasar en detalle los vaivenes que se han vivido en esa mesa de negociación, que ha pasado de tener un plan ambicioso de regulación, que podría haber tenido una dimensión de importancia europea, a dejar las cosas prácticamente como están.
Podemos hacer de la digitalización una oportunidad para el desarrollo o permitir que se utilice para la explotación laboral de toda la vida, que es lo que está pasando con las plataformas digitales. Como han dicho claramente los tribunales españoles, las personas que hacen posible la actividad de esas plataformas son trabajadores y trabajadoras, no colaboradores.
Como señalaba el Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, hace escasos días, “la batalla por los derechos de las personas trabajadoras aún está librándose; las plataformas digitales de reparto son sólo la punta del iceberg. Su modus operandi, con algoritmos controlando la organización del trabajo (sin intervención humana), relaciones laborales basadas en la imposición y explotación, sin más certidumbre retributiva que un mísero pago a demanda, amenaza con propagarse hasta las empresas tradicionales”.
El Gobierno va a tener muy difícil justificar que el proyecto de ‘Ley rider’ quede en nada.
