La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha denunciado las desigualdades retributivas existentes entre el personal del Ministerio de Justicia y el transferido a las Comunidades Autónomas, por las diferencias existentes en el complemento específico y en cuanto a recursos de personal. Esa es una de las principales conclusiones del informe “Desigualdades en la Administración de Justicia. Un estudio comparativo del empleo y las retribuciones del personal del Ministerio y de los transferidos a las Comunidades Autónomas”, presentado en rueda de prensa por Carlos Álvarez, responsable del Sector de la Administración General del Estado (AGE) de UGT, y Victoria Carrero, responsable de Justicia del Sindicato.
Según Carrero, “estamos hablando de un servicio público encargado de dar un derecho fundamental a la ciudadanía. Y estas desigualdades dan lugar a que en nuestro país haya “una doble justicia”, una de primera velocidad, que es la que asumen las CCAA con el servicio transferido, y la segunda que corresponde a la “España vaciada” y que cuenta con un servicio de peor calidad (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, Órganos Centrales y las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla).
La diferencia salarial anual entre una persona empleada en el cuerpo de gestión no transferido y otra transferida al País Vasco, que es la CCAA que mejor retribuye, llega a 8.147 euros; en el cuerpo de tramitación la diferencia salarial anual asciende a 5.908 euros, y llega a 5.488 en el cuerpo de auxilio.
“En el año 2008, y después de una huelga indefinida de dos meses, el personal del territorio dependiente del Ministerio de Justicia conseguimos un incremento del complemento específico, que redujo la diferencias con las CCAA transferidas. Pero a día de hoy los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia, los cuerpos especiales y el cuerpo de LAJs volvemos a estar en una situación de discriminación salarial con respecto a los demás transferidos”, según Victoria Carrero.
“Cuesta entender cómo un funcionario, que tiene los mismos requisitos de acceso a la Administración, desarrolla el mismo trabajo en los órganos judiciales, sirve de igual modo a un poder del Estado y pertenece a los cuerpos nacionales, padece tal disparidad retributiva. Un ejemplo muy claro es el supuesto de los funcionarios de Justicia con destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los funcionarios de Justicia del Tribunal Supremo. Estos dos órganos judiciales están situados en la misma calle de Madrid y un funcionario del TSJM gana una media de 300 euros más al mes que su compañero que está en el edificio de enfrente en el Tribunal Supremo”.
Carrero ha instado al Ministro Juan Carlos Campo a convocar sin demora la Mesa de Negociación para acabar con esta brecha salarial.
