Encierro sindical en Puertos del Estado

Los responsables de los sindicatos firmantes del III Convenio Colectivo (UGT, CCOO y CIG) se encerraron en las dependencias de la empresa pública Puertos del Estado en Madrid tras una reunión en la que los responsables del organismo afirmaron carecer de la autorización del Ministerio de Hacienda para aplicar los acuerdos económicos incluidos en el convenio y el incremento salarial del 2,3% acordado para el conjunto de empleados y empleadas públicos para el ejercicio 2020. 

Los representantes sindicales decidieron, en consecuencia, tomar la sala de reuniones como lugar para su encierro, puesto que consideran que esta situación supone castigar de forma impune al conjunto de empleados públicos, trabajadores y trabajadoras que demuestran cada día su compromiso con la prestación del servicio público esencial, garantizando el paso de la mercancías y pasajeros por los puertos en condiciones de seguridad y calidad; lo hicieron incluso en los peores momentos de la pandemia, sin los medios adecuados, arriesgando su propia salud y la de sus familias o aportando medios técnicos propios en sus casas para que se garantizara el paso de mercancías esenciales.

Por ahora, la respuesta obtenida es el desprecio sobre el futuro del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Alguien ha caído en el error de confundir compromiso de servicio público con sometimiento de los derechos laborales y económicos que al conjunto de personas trabajadoras les ampara. En un país moderno y serio, debería regir el principio de que los convenio colectivos si se firman, se aplican.

UGT, CCOO y CIG continuarán en la lucha por la dignidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras, empleados públicos, desde el convencimiento de extender las movilizaciones a la totalidad del Sistema Portuario Estatal.

Los sindicalistas encerrados en las dependencias de Puertos del Estado lo hicieron respetando escrupulosamente las medidas determinadas por las autoridades sanitarias en relación a la situación de pandemia actual, y solamente aquellos responsables sindicales con tests negativos COVID.

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