UGT Castilla y León ha presentado un plan para la elaboración del proyecto de ley de atención residencial en Castilla y León, con el objetivo de crear un marco regulador que ampare los derechos de las personas mayores y proteja a quienes les cuidan. Faustino Temprano, Secretario General de UGT en la región, ha asegurado que las aportaciones del Sindicato tienen “dos objetivos claros: amparar los derechos de las personas mayores y proteger a las personas que las cuidan. El derecho al cuidado debe estar garantizado desde la JCyL”; para el Sindicato “es responsabilidad de los poderes públicos garantizarlos según las recomendaciones de los expertos y en consonancia con los principios éticos del modelo de AICP que destaca la Junta de Castilla y León y deben ser igual para todos los centros”.
Entre las propuestas del Sindicato figura la necesidad de garantizar un único modelo de AICP para todos los centros residenciales, apostando por la profesionalidad de las personas que trabajan en los mismos; establecer ratios de personal y recursos que no discriminen ni a los usuarios ni a los profesionales, pero estableciendo diferencias entre lo público y lo privado, para lo cual resulta imprescindible no reducir plantillas en fines de semana ni festivos, y disponer de -al menos- una persona por cada 30 usuarios en las jornadas de trabajo nocturnas.
El perfil mayoritario en el sector está formado por mujeres con una edad media de 45 años, por lo que es necesario atraer y retener profesionales con mejoras laborales
Otro factor importante, dado que la plantilla del sector está formada por mujeres con una edad media de 45 años, es atraer y retener profesionales con cumplimiento de la legislación en la contratación, planes de formación, y una política de prevención en los centros residenciales con perspectiva de género.
Asimismo, UGT Castilla y León aboga por la creación de las Unidades Geriátricas en las aéreas de salud, el establecimiento del carácter obligatorio de los Consejos de centros residenciales (con participación de residentes, familiares, trabajadores y directores), inspecciones periódicas con la aplicación del modelo AICP, y el establecimiento de los mismos criterios de acceso y compensación económica a los usuarios, si no existen suficientes plazas públicas, en los centros de gestión privada.
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