El segundo año de la gran crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 está a punto de concluir su primer trimestre. La vacunación -imprescindible para la inmunización de la población y para la recuperación económica- avanza lentamente, y el Gobierno ha aprobado el plan de 11.000 millones de ayudas directas a las empresas para apoyarlas financieramente y sostener el tejido empresarial.
La crisis está siendo larga. Las medidas aprobadas en el marco del diálogo social a lo largo de un año han salvado empresas, empleos y rentas. A ese objetivo se ha destinado una enorme cantidad de dinero público (215.967 millones de euros, un 19,5% del PIB solo en 2020, según los datos del Gobierno) que no puede acabar, de ninguna manera, en pérdidas de empleo.
Sin embargo, hay que recordar que la reforma laboral de 2012 sigue vigente, y que es una reforma hecha para despedir fácil, rápido, barato y sin muchas explicaciones. CEOE y CEPYME se oponen a tocarla porque “las empresas ya tienen suficientes problemas” y la derogación “introduciría rigidez en el mercado” laboral. Es decir, condicionaría los despidos. Además, ambas organizaciones rehúsan sentarse con las organizaciones sindicales a negociar criterios comunes para la negociación colectiva de este año.
La postura de la patronal no es nueva ni sorprendente. Su práctica habitual durante la última década ha sido la de resistirse al acuerdo bipartito, rebajarle el contenido al máximo, y eludir su cumplimiento siempre que fuera posible. Baste recordar el bloqueo que impuso a la negociación colectiva (a pesar de estar vigente un AENC) durante los años 2010 y 2011, y el abandono (días después de firmarlo) del II AENC 2012-2014, en cuanto el Gobierno del PP aprobó la reforma laboral de 2012.
Pero la situación actual es diferente. Hemos abordado esta crisis desde premisas y políticas completamente diferentes a las practicadas en la anterior. En toda Europa se han abandonado las políticas de austeridad porque fracasaron, y se ha optado por la inversión y por el mantenimiento del empleo. El compromiso debe ser también para las empresas, y las organizaciones empresariales deben estar a la altura de ese compromiso.
La negociación colectiva es el sistema de gobernanza de las relaciones laborales. Es la manifestación democrática de la participación y la voluntad de acuerdo. En una situación como la actual, el establecimiento de criterios consensuados entre las organizaciones empresariales y sindicales facilitaría la negociación de los convenios evitando la conflictividad social. El desentendimiento de la patronal tiene difícil justificación, y deja entrever una proclividad por el autoritarismo muy poco acorde con sus proclamas de modernidad.
UGT hará todo cuando sea posible para evitar pérdidas de empleo y rentas de los trabajadores y trabajadoras. No vamos a permitir una nueva devaluación salarial ni que los trabajadores salgan por una puerta de las empresas mientras por la otra entra para sostenerlas el dinero de todos. La negociación colectiva es, en sí misma una herramienta de adaptación a las diferentes situaciones, y permite adoptar medidas de flexibilidad antes de llegar a los despidos. Negociación o conflicto.
