Las organizaciones sindicales FSP-UGT y CCOO han denunciado que la empresa pública Correos ha cambiado – con motivo del final del estado de alarma- las instrucciones de entrega de los envíos bajo firma, obligando a las personas repartidoras y a las destinatarias a entrar en contacto, aumentando así el riesgo de contagio por Covid-19.
Desde el inicio de la pandemia todos estos envíos no se entregaban bajo firma, sino que se entregaba el envío previa identificación fehaciente de la persona destinataria, siendo legalmente válida la entrega. Así ocurría con estos envíos y con el resto de envíos registrados, como la paquetería, e incluso con la documentación del voto por correo.
Ambos sindicatos denuncia que este cambio de operativa, establecido de manera unilateral por Correos sin negociación alguna con los representantes de los trabajadores/as, y sin que le obligue ninguna disposición legal o sanitaria, multiplica innecesariamente el riesgo de contagio de los trabajadores/as de reparto, que además se convertirán en un vector de contagio a la ciudadanía.
La dirección ha implantado este cambio de manera ilegal al omitir la obligación legal de consultar a los trabajadores/as, a través de sus representantes, las decisiones organizativas que puedan afectar a la salud y seguridad de la plantilla. Tras la denuncia, la dirección de la empresa se reafirma en que, a su juicio, no existe un incremento del riesgo porque el repartidor/a lleva mascarilla y un frasquito de gel, y además puede “estirar los brazos” para que le firmen sin riesgo.
No es la primera vez que Correos transgrede la legalidad en materia de seguridad y salud. El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, vuelve a demostrar su desprecio a la ley, y que lo único que le importa es mantener la producción de la empresa sin importar la salud de los trabajadores/as, ni en Correos, ni en otras empresas del grupo empresarial, como Correos Express, en la que se contrata a trabajadores/as autónomos, que progresivamente van asumiendo el trabajo del personal de la empresa matriz, en lo que solo puede calificarse como una devaluación y precarización del empleo.
UGT y CCOO recuerdan que desde el pasado mes de abril se han iniciado movilizaciones en Correos para exigir al Gobierno, que es el responsable último de garantizar el servicio postal a la ciudadanía, que corrija la nefasta gestión de recortes emprendida por Serrano, que abocan a la empresa pública a un cambio de modelo de servicio público, hacia otro logístico y de paquetería en el que prime solo la rentabilidad.
