Revista Unión UGT En Acción

El decreto sobre impuestos hipotecarios, un primer paso

La aprobación en Consejo de Ministros del Decreto por el que se modifica la normativa reguladora del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que hará recaer en la entidad bancaria la obligación de pago del mismo al ser la principal beneficiaria de que ese préstamo con garantía hipotecaria se inscriba en el correspondiente Registro, va en línea con las reivindicaciones que ha mantenido UGT.

Este RD es un primer paso en la protección de los ciudadanos pero aún resulta insuficiente ya que se tiene que desarrollar en una nueva ley hipotecaria más garantista. También es positivo el hecho de que vaya a crear una “autoridad independiente” que vele por la protección de los derechos de consumidores y usuarios financieros, sobre todo, dada la escasa o nula eficacia de los actuales reguladores: Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Estas medidas demuestran una gran sensibilidad social por parte del actual Gobierno a favor de ciudadanos y trabajadores que se verían abocados a tener que soportar dicha carga y vendría a corregir el reciente fallo del Tribunal Supremo, contrario a los intereses de la mayoría de la sociedad y a favor del sistema financiero, poniendo con ello en cuestión la independencia judicial y el principio de igualdad ante la ley.

Sin embargo, UGT vigilará la tramitación del futuro Decreto en sede parlamentaria, confiando en que su contenido se mejore (posibilidad de efectos retroactivos) y que se incorpore su contenido a la futura Ley Hipotecaria, cuya tramitación en el Parlamento se está demorando mucho.

Vigilar posibles subidas en los tipos de interés

El sindicato confía en que la anunciada subida de tipos de interés no se traslade a los futuros clientes que vayan a pedir un préstamo hipotecario, pues ello incidiría en la reputación de las entidades crediticias.

Manifestaciones contra el fallo del TS

El sindicato convocó y participó activamente en diversas movilizaciones para mostrar su indignación contra del fallo del Tribunal Supremo, ante las diversas sedes judiciales. Unas protestas que dejaron patente la opinión de la sociedad sobre un impuesto injusto.

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