Luchar contra la despoblación del medio rural -lo que ahora llamamos la España vaciada- es una lucha por la igualdad que puede dar un paso de gigante con el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. Pero garantizar condiciones de vida dignas en las zonas rurales requiere el acceso a toda una serie de servicios que van más allá del ámbito público. Nos referimos, por ejemplo, a la exclusión bancaria de buena parte del territorio provocada por la implacable política de beneficios que practican las entidades financieras y que les ha llevado al cierre de miles de oficinas en el ámbito rural.
Esta es una de las razones por las que UGT apuesta por la configuración en España de una banca pública que facilitaría el acceso de toda la ciudadanía a los servicios financieros sin exclusiones selectivas, además de facilitar la distribución del crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO), especialmente hacia pymes y familias; reduciría el poder de los oligopolios financieros creados; y garantizaría una mayor competencia entre entidades que redundaría en un mejor servicio y con mejores condiciones financieras.
Vaciado progresivo y constante
La despoblación de una buena parte del territorio del país no es un fenómeno nuevo. El desplazamiento de la población de las zonas rurales a las urbanas tiene décadas de desarrollo en España. La falta de trabajo, o simplemente el deseo de la población de trabajar en actividades diferentes a las del sector primario, supuso el abandono masivo de las zonas rurales.
Según datos oficiales, entre 2001 y 2019 la población española se incrementó en 5,9 millones de habitantes, al mismo tiempo que el 62% de los municipios perdía población. Si lo acotamos a la última década, la pérdida de habitantes ha afectado al 76% de los municipios, en su mayoría menores de 1.000 habitantes; pero no sólo a ellos, porque también están afectadas más de la mitad de las capitales de provincia y el 63% de las ciudades pequeñas.
El problema se agrava si tenemos en cuenta la edad. Según los datos del INE, desde el año 2001 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado casi en un 25%. En cerca de 400 municipios no hay menores de 15 años, y en más de 1.000 no hay menores de 5 años. En el 60% de los municipios (4.800) ya hay 2 mayores de más de 65 años por cada menor de 15.
La Estadística de variaciones residenciales de 2017 del INE señala que 2 de cada 3 personas que salieron de los municipios más pequeños fueron mujeres. El 40% de los que salieron de los pueblos de menos de 1.000 habitantes eran mujeres entre 16 y 44 años. Si añadimos el envejecimiento tenemos que en los pueblos de menos de 100 habitantes casi la mitad de las mujeres tienen más de 65 años, y en los de menos de 1.000 son 1 de cada 3.
Pérdida de población… y de servicios
La pérdida de población ha llevado aparejada la pérdida de servicios en estas zonas. Lo que históricamente empezó por la pérdida de medios de transporte (primero ferroviario, en favor del transporte privado o en autobús), después se ha ido extendiendo a la enseñanza, la sanidad, y finalmente a los servicios de telefonía móvil e internet.
Los últimos en incorporarse a esta huida de las zonas rurales han sido las entidades bancarias. Las equivocadas estrategias desarrolladas en las últimas décadas por el sector financiero en general, y el español en particular, le han llevado a aprovechar las posibilidades que le ofrece la digitalización para eliminar oficinas. En las zonas rurales esta medida tiene consecuencias nefastas.
Generar oportunidades equitativas de vida y de trabajo en todas las regiones que componen el país es esencial para la cohesión territorial, para garantizar el derecho al trabajo y a unas condiciones de vida dignas a todas las personas, e incorpora nuevos factores de consideración como consecuencia de la digitalización de la economía y el cambio climático.
La movilización da resultados
La dominación de las políticas neoliberales durante décadas ha tenido como consecuencia el práctico abandono de las políticas de cohesión territorial. El neoliberalismo quiere un Estado pequeño y un gran campo de actuación a la iniciativa privada, pero ésta no se mueve sin beneficio, y en zonas poco pobladas y faltas de infraestructuras no los hay. Fueron las movilizaciones de la población las que pusieron el problema en la agenda política.
UGT ha planteado estas carencias en el diálogo social, en la interlocución institucional, y con movilizaciones como la celebrada a finales de marzo de 2019 en Madrid, “Revuelta de la España Vaciada”, convocada por las plataformas “Soria ¡Ya!” y “Teruel Existe”. Planteó la exigencia de soluciones para estos territorios con poca población, sin industria, sin infraestructuras, con dificultades para acceder a los servicios públicos, y la conveniencia de poner en marcha medidas como el Corredor Atlántico.
La respuesta política ha ido cobrando peso desde 2013 hasta el momento actual. El primer paso fue la creación, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, de una Ponencia de Estudio sobre la despoblación rural en España, que emitió su informe a mediados de 2015 reclamando, entre otras cosas, “medidas destinadas al sostenimiento de los servicios públicos básicos como medio de fijar la población. Estos servicios básicos son, entre otros, centros sanitarios, colegios, centros de recreo y ocio y deportes”; “medidas para que mediante la centralidad comarcal se afronte la construcción y el mantenimiento de determinados servicios de forma comunitaria entre varios municipios”; así como mejorar las infraestructuras de transporte y comunicaciones, saneamientos, y la completa cobertura de la telefonía móvil.
En 2017 el problema alcanzó a la Conferencia de Presidentes, iniciándose una línea de actuación política que culminó en 2020 con la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Propuestas de UGT
UGT considera que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tienen derecho a disponer de servicios públicos de interés general en condiciones de igualdad, y sea cual sea el punto del territorio en el que se encuentren. Es decir, que cualquier municipio (considerado éste como unidad básica de convivencia social de la ciudadanía) debe disponer de suministros de agua, electricidad, telefonía (fija y móvil) y acceso a las redes de comunicación (internet y servicios digitales); infraestructuras (saneamientos, transporte…), servicios de transportes, educación obligatoria, asistencia sanitaria, asistencia a la dependencia, atención a la tercera edad; y servicios bancarios y de comercio.
Para ello, el 43 Congreso Confederal, celebrado en Valencia del 18 al 20 de mayo de 2021, estableció como prioridades del Sindicato el fortalecimiento de las políticas de igualdad y cohesión territorial mediante un conjunto de actuaciones que van desde el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para garantizar las prestaciones y servicios públicos, a la inversión en desarrollo industrial y tecnológico sostenible, especialmente en los sectores rural y agroalimentario.
En concreto, UGT plantea implementar la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, mejorar la respuesta de la agricultura a una alimentación de calidad, segura y saludable; apoyar la obtención de rentas más justas para la población agricultora y ganadera; fomentar el establecimiento de la juventud en el medio rural; fomentar la promoción de la mujer en las actividades agrarias a cargos ejecutivos directos y mandos intermedios; desarrollar la estrategia de digitalización del sector agroalimentario; asegurar una apropiada prestación de servicios públicos básicos de calidad y potenciar políticas de infraestructura, de equipamientos y vivienda; y fomentar los procesos de industrialización para la transformación de las producciones locales y el desarrollo de plataformas de comercialización.
Obligaciones de servicio público para el sector bancario
Pero el Sindicato apuesta, además, por evitar la “exclusión bancaria” de una parte de la población mediante la creación de una banca pública. ¿Por qué? Porque el sistema bancario ha sido convertido en elemento central de la vida económica: ya no se pueden pagar los servicios básicos (agua, luz, teléfono, gas) directamente en las empresas que dispensan esos servicios; la ventanilla está en el banco. El desarrollo del comercio electrónico depende del sistema bancario. Los pagos en metálico se van limitando progresivamente. No se pueden recibir subvenciones, pensiones, ayudas, o prestaciones públicas sin tener una cuenta bancaria. El sistema bancario, sin embargo, ha asumido este papel central en nuestra vida sólo en la medida en la que le beneficia, pero no asume ninguna responsabilidad de servicio público acorde con su nuevo papel. No lo hace, y nadie le ha obligado a hacerlo.
El artículo 128.2 de la Constitución Española dice que “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. En consecuencia, UGT considera que el Estado español debe garantizar el derecho de la ciudadanía a los servicios bancarios mediante la creación de una banca pública con obligaciones de servicio público, o establecer legalmente obligaciones de servicio público para la banca convencional.
La lucha contra la despoblación y el reto demográfico es un reto de país. Si el sistema financiero se ha convertido en esencial para nuestra sociedad, hasta el punto de endeudarnos colectivamente para depurarlo de años de mala gestión y mala supervisión, ¿cómo es que no se le puede pedir nada a cambio? ¿Cómo explicamos a la ciudadanía que se empobreció con los recortes por la crisis financiera, que la solidaridad en este caso va en una sola dirección? ¿Qué sentido tiene que sea un ámbito de importancia estratégica y el Estado no pueda intervenir en él? La adopción de medidas en este ámbito es una prioridad democrática.
