El proceso de diálogo social que acabamos de iniciar con el Gobierno y con la patronal para acabar con la explotación laboral de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales -al menos para nosotros, ese es el objetivo- se produce después de cinco años de intenso trabajo sindical.
La consecución de un acuerdo en la dirección que proponemos no será, sin embargo, el punto de llegada de este proceso. La inversión sindical deberá, con toda certeza, continuar. Una de las características de la economía digital es su enorme capacidad de transformación, de mutación, en cortos espacios de tiempo. Otra es que está respaldada por enormes cantidades de dinero ávido de rentabilidad y solo de rentabilidad.
Las plataformas digitales no quieren trabajadores, quieren ‘colaboradores prestadores de servicios’. La organización patronal que agrupa a estas plataformas (integrada en CEOE) ha defendido públicamente una reforma de la legislación laboral para que sus más de 50.000 trabajadores (según sus propios cálculos) sean autónomos económicamente dependientes. Su propuesta es modificar la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo; la nuestra, y en la que estamos trabajando, es modificar el Estatuto de los Trabajadores.
No negamos que haya trabajadores y trabajadoras de plataformas que quieran ser autónomos, pero no nos imaginamos a esos 50.000 trabajadores huyendo despavoridos porque se les ofrezca un contrato de trabajo
Este planteamiento de la patronal de plataformas ha conseguido llegar al Congreso de los Diputados -al mismo tiempo que empezaba el diálogo social- gracias a una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a que “apruebe de manera urgente una ley específica que regule el nuevo modelo de negocio de las plataformas digitales, que en todo caso contemple y valore la libertad individual del trabajador”.
Libertad del trabajador para asumir todos los costes de su actividad laboral mientras trabaja para una empresa que organiza, dirige, controla su trabajo y se queda con los beneficios. No negamos que haya trabajadores y trabajadoras de plataformas que quieran ser autónomos, pero no nos imaginamos a esos 50.000 trabajadores huyendo despavoridos porque se les ofrezca un contrato de trabajo y todo un marco legal que proteja sus derechos, que les garantice acceso a prestaciones sociales, y participación en la empresa vía negoción colectiva.
Mucho nos tememos que las plataformas digitales tampoco quieren saber nada de negociación colectiva, a pesar de que es el instrumento que permite la adaptación de la totalidad de la actividad productiva del país al marco legal teniendo en cuenta las particulares circunstancias de cada sector.
