La inserción laboral de las víctimas de violencia de género debería estar garantizada
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, que tiene lugar cada 25 de noviembre, UGT ha elaborado el informe “Visibilizar y combatir más contundentemente la violencia contra las mujeres en todas sus formas” en el que denuncia que el desempleo y la mala calidad del empleo que se genera, con altas tasas de temporalidad y precariedad, aumentan el riesgo de las distintas formas de violencia contra las mujeres.
El documento destaca que, según el borrador del último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2016, de las 44 víctimas mortales por violencia de género, solo el 41% estaba trabajando y que el total de contratos bonificados por violencia de género ese mismo año supusieron tan solo el 0,009% del total de la contratación femenina registrada por los Servicios Públicos de Empleo, y de esa contratación bonificada, casi el 76% era temporal.
La inserción laboral de las mujeres que son víctimas de violencia de género debería estar garantizada, pero estos datos demuestran que son necesarias políticas públicas que adopten medidas ágiles, efectivas y suficientes para lograr la inserción laboral de las mujeres maltratadas y el fin de la violencia de género.
Acoso sexual y miedo al despido
Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, un gran número de casos de acoso sexual no llega a denunciarse como consecuencia de varios factores: la escasa sensibilización social, el miedo al despido, la dificultad para conseguir pruebas, insuficientes canales de denuncia, seguimiento y protección de las víctimas… etc.
De hecho, entre 2008 y 2017 encontramos tan solo 9 sentencias sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, cifras inaceptables que ponen en evidencia que esta lacra se encuentra aún demasiado invisibilizada.
Denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima. Por eso es urgente actuar contra el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, establecer normas que proporcionen un marco legislativo para los gobiernos, los empleadores, las empresas y la actividad sindical a todos los niveles y reclamar más sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.
Actuar desde el ámbito laboral
- Es imprescindible adoptar medidas y políticas más contundentes y eficaces contra las distintas formas de violencia de género. No será posible acabar con esta lacra social mientras no pongamos fin a la desigualdad y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
- Son necesarios empleos y salarios dignos y de calidad. Las estadísticas demuestran que, con mejores empleos y condiciones de trabajo, las mujeres están más protegidas y tienen más recursos de cara a cualquier manifestación de violencia de género. Por ello, UGT reclama la derogación las reformas laborales de 2010 y 2012, muy lesivas para colectivos tan vulnerables como las mujeres.
- Hay que implantar protocolos de prevención y eliminación del acoso sexual en las empresas por ley, y formar de manera obligatoria a todos los empleados y cargos directivos en las empresas, además de los operadores implicados en el control y sanción de este tipo de violencia en el ámbito laboral.
- Es básico dar un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, incluido su tratamiento en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y el endurecimiento de las sanciones de este tipo de comportamientos, el resarcimiento adecuado del daño a las víctimas, la eliminación de trabas que dificultan la denuncia, la prueba en vía jurisdiccional de este tipo de violencia y la adopción de un convenio internacional en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permita el tratamiento específico de la problemática de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, que defina un conjunto fundamental de principios que sustenten un enfoque inclusivo e integrado para su erradicación y que proporcione orientaciones sobre cómo se han de aplicar estos principios.
- El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, resulta insuficiente para proteger de forma efectiva a las víctimas; y la Justicia debe formarse y actualizarse para no situarse al margen de la sociedad y situarse a la vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.
