22 septiembre 2021, 18:19 PM

Ganan los pensionistas, gana lo público

El Gobierno y los interlocutores sociales han alcanzado un acuerdo para reformar el sistema público de pensiones, el más importante de los últimos 10 años, que devuelve derechos a las personas pensionistas actuales y futuras, restablece la solidaridad intergeneracional, refuerza la solvencia del sistema y despeja las dudas sobre su viabilidad, y pone fin al unilateralismo impuesto por el PP en 2013. Para esto es para lo que UGT se ha movilizado durante los últimos años.

El Sistema de Seguridad Social en general, y el sistema público de pensiones en particular, son uno de los grandes elementos vertebradores de nuestra sociedad. La dignificación de las condiciones de vida en la vejez fue el origen del Estado de bienestar, y todavía hoy es el primero de los grandes derechos sociales. De ahí la importancia del acuerdo alcanzado, de ahí la importancia de que sea fruto del consenso, y de ahí la importancia de que se haya hecho pensando fundamentalmente en las personas.

Acabar con la política de recortes y con la rebaja progresiva y permanente de las prestaciones del sistema supone un gran paso adelante para una sociedad más justa, mejor protegida y más avanzada. Pero sobre todo significa fortalecer el presente y el futuro de un sistema contra el que se ha producido una tremenda ofensiva en las últimas décadas (los recortes del PP en 2013, la desaparición del Fondo de Reserva, la campaña que auguraba la insostenibilidad del sistema, y las apuestas políticas y económicas por cambiar los principios del sistema para impulsar los sistemas privados).

El acuerdo alcanzado devuelve derechos a los pensionistas porque restablece la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC del año anterior, y deroga el Factor de sostenibilidad, ese mecanismo para reducir progresivamente las nuevas pensiones, cuyos recortes aumentaban y se acumulaban para los nuevos pensionistas cada cinco años.

Pero, además, se elevan y mejoran las pensiones por jubilación anticipada voluntaria e involuntaria; se establece la cotización a la Seguridad Social de los becarios; se clarifican y garantizan las prestaciones por incapacidad temporal de los trabajadores fijos discontinuos; se cambiará el sistema para el adelanto de la jubilación de los trabajos peligrosos penosos o insalubres; se incentiva la incorporación de la mujer en sectores donde está infrarrepresentada cambiando las capacidades de prejubilación de los convenios colectivos; se establece un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores y trabajadoras autónomos,  entre otras medidas.

La segunda cuestión fundamental de este acuerdo es que se elimina el déficit de la Seguridad Social que empezó a crecer de manera progresiva a raíz de la crisis de 2008 (como consecuencias de unas políticas laborales que hundieron los salarios y las cotizaciones del sistema). Por una parte, y como había exigido UGT en reiteradas ocasiones, se concluye la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, de tal forma que a partir de ahora las cotizaciones se destinarán al pago de prestaciones, y no cosas como los gastos de gestión del Sistema, que corresponden a la administración del Estado.

Por tanto, cada año se hará una transferencia desde los Presupuestos Generales del Estado (14.000 ya este año, y otros 8.000 anuales a partir del 2022-2023). Algunas de las medidas adoptadas favorecen la contributividad y tendrán, por tanto, consecuencias positivas en las cuentas del sistema. Lo que queda pendiente, y que se abordará en los próximos cuatro meses, es establecer la fórmula con la que hará frente a los gastos extraordinarios -pero temporales- que supondrá la jubilación de la mayor generación española (la generación del baby boom). UGT ha defendido en todo momento que esto, como otros asuntos que afectan al conjunto de nuestra sociedad (por ejemplo, la pandemia) debe ser abordado por los presupuestos del Estado.

Este acuerdo, en definitiva, es una gran noticia para todos y todas aquellas personas que creen en las políticas sociales, que entienden la sociedad desde el consenso y la solidaridad, que ponen a las personas por encima de los mercados, y viene a dejar en evidencia a aquellos que afirmaban que había cosas que no nos podíamos permitir porque no las podíamos pagar. Se podían pagar las pensiones, se pueden pagar y garantizar su dignidad y estabilidad. Sólo había que querer hacerlo.

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