Un plan de acción para ganar derechos

El 43 Congreso Confederal de UGT, celebrado en Valencia los días 18, 19 y 20 de mayo, ha establecido un ambicioso plan de trabajo para la Organización en los próximos cuatro años mediante un Programa de Acción cuyos ejes centrales son incrementar los derechos de las personas trabajadoras,  la transformación de nuestro modelo productivo hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad; el reforzamiento del Estado de Bienestar y los servicios públicos, y una apuesta por la igualdad, la integración y el reparto de la riqueza.

Las propuestas, debatidas y aprobadas por los ochocientos delegados y delegadas del Congreso, se organizan en seis grandes bloques, en línea con el lema “REDvolución6.0. Un nuevo contrato social y medioambiental”.

Empleo de calidad y recuperar derechos

Destaca en este capítulo la apuesta por la implantación de la semana laboral de 32 horas, sin reducción de salario, como una herramienta que contribuiría a salir de la actual crisis económica y social, combatir el desempleo estructural, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, reducir la presión medioambiental y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras.

La puesta en marcha de esta medida debería abordarse mediante la modificación del Estatuto de los Trabajadores y un adecuado sistema de incentivos públicos, que sería esencial durante los primeros años de implantación para sumar a la medida a las pequeñas empresas. Los recursos públicos necesarios deberían extraerse tanto de la reordenación y revisión del conjunto de incentivos al empleo existentes (la mayoría demostradamente ineficientes) como de una imprescindible reforma fiscal integral. Correspondería a la negociación colectiva, posteriormente, definir qué forma concreta tomaría la nueva jornada laboral (6 horas diarias, semana laboral de 4 días, etc.), en función de la realidad y características propias de cada sector y empresa.

La otra gran apuesta del Congreso es endurecer las sanciones a la contratación en fraude de ley para atajar de raíz el cáncer del incumplimiento sistemático de la normativa laboral. Teniendo en cuenta los escasos recursos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (a la que habría que reforzar), y la laxitud de la actual regulación, a las empresas les resulta rentable este tipo de incumplimiento, por lo que sería necesario, además de establecer sanciones realmente disuasorias, blindar a los trabajadores afectados con medidas como, por ejemplo, impedir que sean despedidos durante dos años después de su regularización.

Se mantienen intactas otras reivindicaciones sobradamente conocidas como la exigencia de derogar las reformas laborales, revalorización este año del SMI y sucesivamente hasta que alcance el 60% del salario medio, establecer una nueva regulación para contratas y subcontratas que modifique el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, universalizar el contrato de relevo, y eliminar modalidades contractuales e incentivos a la contratación de jóvenes que sólo sirven para rebajar derechos y abaratar costes de personal, entre otras.

Una economía más sostenible

Para afrontar la situación económica tras la pandemia, UGT considera imprescindible tomar medidas para garantizar que la necesaria transición hacia un modelo económico marcado por la digitalización y la sostenibilidad medioambiental se hace sin dejar a nadie atrás, es decir, que sea una transición justa. Los recursos europeos del Plan de Reconstrucción, según las resoluciones del Congreso, ofrecen a España la posibilidad de acceder a una financiación imprescindible para cambiar nuestro modelo productivo creando empleo de calidad.

La trascendencia del proyecto llevó al Congreso a exigir “a las fuerzas políticas y sociales y a las administraciones la apertura de  un  proceso  continuo  de  diálogo,  que  posibilite  el  máximo  acuerdo  posible  y  la  transparencia  en  la selección,  eficaz  ejecución  y  evaluación  de  las  políticas,  programas  y  planes  que  derivan  de  los  fondos europeos, asumiendo la excepcional importancia  que  para el  conjunto  del  país y  para  sus  trabajadoras y  trabajadores supone la disponibilidad de los mismos. Proceso que debe culminar en un Pacto de Estado que asegure el éxito de un proyecto que debe estar sustentado por la unidad de las fuerzas políticas y sociales de este país”.

Ese nuevo modelo productivo debería asentarse en la digitalización y la I+D+I, en una política industrial activa, en unos servicios y turismo de calidad, y en potenciar los servicios públicos. El Sindicato considera necesario acompasar ese proceso con medidas como el establecimiento de nuevos sistemas recaudatorios a las empresas que utilicen las nuevas tecnologías en sustitución de las personas trabajadoras, y poner coto a las nuevas fórmulas de explotación laboral que han aparecido con la digitalización (por ejemplo, revisar las ayudas al autoempleo -como la tarifa plana de autónomos- para no subvencionar indirectamente a las plataformas digitales, y equiparar los derechos de las personas trabajadoras de las empresas multiservicios con los de las empresas donde efectivamente trabajan).

Reforma fiscal integral

Esta es una de las propuestas más ampliamente desarrolladas en el programa de acción aprobado, y que aboga por realizar una reforma fiscal integral que mejore los principios de suficiencia, equidad y progresividad del sistema, y que reequilibre el peso de cada una de las figuras tributarias.  En concreto, y según el tipo de impuesto, se propone:

IRPF: que las rentas de capital tributen igual que los rendimientos del trabajo, eliminar la estimación objetiva, y revisar la mayoría de las reducciones y deducciones fiscales.

-SOCIEDADES: limitar al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones. Garantizar un tipo mínimo efectivo, y modificar el régimen fiscal de las SICAV y SOCIMI.

-IVA:

–           Establecer un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo

–           Aplicar el tipo reducido a la cultura, los productos higiénicos de primera necesidad y las provisiones de servicios esenciales (luz, gas)

–           Pasar a tipo superreducido los alimentos que actualmente están en el reducido

–           Eliminar las exenciones a la sanidad y educación privadas

–           Elevar la tributación por sucesiones y donaciones, estableciendo criterios mínimos homogéneos para todo el país

–           Crear un impuesto para las viviendas vacías de las entidades financieras, SOCIMI, y fondos de capital riesgo

-En el ámbito de la UE: establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, eliminar los paraísos fiscales, y armonización del impuesto de sociedades

Un Estado de Bienestar sólido

Esa reforma fiscal, además de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, es fundamental para la construcción de un estado de bienestar capaz de atender las necesidades de la ciudadanía. Pero el Sindicato considera necesario, además, reformar la Constitución para establecer un suelo de gasto social que no debe estar afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural y las medidas que de ello se deriven.

Pensiones, sanidad y vivienda son capítulos esenciales de ese modelo social, para cuya garantía UGT propone, en primer lugar, aprobar una Ley de Defensa y Garantía de las Pensiones Públicas que contemple la derogación de la reforma realizada en 2013 y establezca un sistema alternativo que mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, garantice el equilibrio financiero de la Seguridad Social con aportaciones suficientes del Estado, y elimine la brecha de género en las pensiones.

El golpeado sistema sanitario público necesita afrontar una nueva fase que ponga fin de manera definitiva a la etapa de los recortes y las privatizaciones, y recuperar unos niveles asistenciales y de calidad dignos mediante una dotación suficiente de recursos financieros y humanos. Además, el sindicato defiende la derogación del RDL 16/2012, de 25 de abril, así como la normativa de colaboración público-privada para la construcción y gestión de centros sanitarios y revertir al Sistema Nacional de Salud los hospitales púbicos de gestión privada.

La pérdida de la vivienda habitual, o la falta de recursos para acceder a una vivienda digna y adecuada, está estrechamente ligada al empobrecimiento de las familias y la caída en la exclusión de muchas de ellas. Por eso el Sindicato defenderá evitar la pérdida de la vivienda ante las situaciones sobrevenidas de penuria mediante una reforma de la Ley Hipotecaria y de la legislación concordante, y reducir al máximo las daciones en pago y los desahucios modificando los requisitos en el ámbito nacional, protegiendo de manera especial a las personas mayores de 65 años, personas jubiladas y personas desempleadas con cargas familiares.

Una sociedad más igualitaria

La lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres continuará siendo una de las prioridades de la acción sindical de UGT que mantiene sus exigencias de una ley de igualdad salarial, el desarrollo efectivo de los planes de igualdad en las empresas mediante la aplicación de la normativa aprobada en 2020, y  avanzar en la conciliación con medidas como establecer por ley una protección especial frente al despido y la extinción del contrato en los supuestos de solicitud del derecho a la adaptación de jornada para hacer efectiva la conciliación (artículo 55.5 del ET).

Suprimir las listas de espera en el sistema de dependencia es también una prioridad, por lo que el Sindicato propone establecer límites de permanencia en las mismas, fijando de forma taxativa el tiempo que debe emplearse en la resolución y, agotado el plazo legal, reconocer la retroactividad de todas las prestaciones. Es imprescindible, además, dignificar el empleo en el sector de ayuda a domicilio con salarios y condiciones de trabajo más adecuados.

Atajar las injustificables cifras de siniestralidad laboral requiere, como señala el Programa de Acción, un Pacto de Estado que implique a todas las fuerzas políticas y todas las instituciones contra la pérdida de vidas en el trabajo por falta de prevención o de la adopción de las medidas adecuadas. Tenemos que mejorar la regulación de los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, y actualizar el catálogo de enfermedades profesionales y luchar contra la infradeclaración existente.

Más democracia en una Europa social

UGT ha sido siempre una organización de vocación europeísta que defiende profundizar en el proyecto comunitario y en el desarrollo de la Europa social. Por eso algunas de las resoluciones del Congreso están específicamente dirigidas al ámbito europeo, como:

– Promover la creación de una cámara de Derecho laboral y social en el TJUE

– Modificar el mandato del BCE para que no sea solo el garante de la estabilidad de precios sino también de la estabilidad financiera, y que incluya en su mandato el crecimiento y el empleo

– Crear la Unión Bancaria y una Unión Presupuestaria Europea

Trabajadores y trabajadoras

Este es un breve repaso por algunas de las medidas más significativas aprobadas en el que ya quedará para la historia como el congreso de Valencia. Sólo queda mencionar que los delegados y delegadas han decidido cambiar el nombre de la organización para incluir en el mismo a las trabajadoras. Por tanto, a partir de ahora, y después de 132 años, la denominación del Sindicato es Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT).

Foto de familia de la nueva Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
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