30 noviembre 2021, 07:17 AM

#AhoraSíToca a los trabajadores y trabajadoras

UGT y CCOO se movilizan para cortar de raíz cualquier tentación de usar los millones del plan de Recuperación europeo para hacer lo de siempre, para beneficiar a los de siempre, sin abordar cambios estructurales que son imprescindibles

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha cumplido hace pocos días (el 13 de enero de 2021) su primer año de vida, dedicado casi en su totalidad a afrontar la gestión de una crisis de salud pública que no estaba en la agenda y que obligó a todo el mundo, también a las organizaciones sindicales, a posponer sus programas para dar prioridad a la lucha contra la covid-19.

Ahora toca coger coger los acuerdos del Gobierno con los sindicatos y empezar a cumplirlos. Pero no lo está haciendo, y esa es la razón por la que UGT y CCOO han decidido comenzar el 11 de febrero un proceso de movilizaciones para exigir la derogación de la reforma laboral, la derogación de la reforma de pensiones y la subida del SMI. Tres reivindicaciones sindicales que son, además, pasos imprescindibles para combatir las desigualdades y modernizar nuestro sistema productivo; y que son compromisos del Gobierno.

En la primera página

Esos compromisos figuran en la primera página del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos el 30 de diciembre de 2019, e incluyen “Derogaremos la reforma laboral”, “derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo”, “derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, “modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, “limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”, “revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

La lista continúa con “Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea”, y un punto 1.5 sobre contratación en el que se prevé abordar mediante diálogo social la aprobación de un Estatuto del Becario, recuperar los derechos laborales en los casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, favorecer el uso de los contratos fijos discontinuos para actividades cíclicas, revisión de la contratación a tiempo parcial endureciendo las sanciones por fraude; reforzar las causas, el papel de la autoridad laboral y de la Inspección de la Seguridad Social en los despidos colectivos, y luchar contra el fraude laboral.

¿Por qué empezar de cero?

La actual etapa de diálogo social puede decirse que comenzó en julio de 2018, con las interrupciones derivadas de las dos convocatorias electorales de 2019, y el cambio de agenda provocado por la llegada de la pandemia en marzo de 2020. Sin embargo, a finales de 2018 se habían puesto en marcha algunos acuerdos y otros estaban listos para su formalización.

Concretamente se habían consensuado textos para la modificación del artículo 42 del ET sobre contratas y subcontratas, estableciendo límites cuando se trata de las actividades propias de la empresa principal, garantizando los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas, y estableciendo condiciones más rigurosas en materia de responsabilidad y transparencia para esta práctica.

También se habían abordado, y existían acuerdos, respecto a los artículos 15.1.a (contratos de duración determinada por obra o servicio), y artículos 84, 86 y textos adicionales mediante los que se establecía la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, y la ultraactividad de los convenios una vez cumplida su vigencia.

A primeros de 2020 la mesa de diálogo social sobre Empleo y Calidad en el Empleo retomó sus trabajos, y en la última reunión antes de la pandemia se estaba estudiando la modificación de algunos de los apartados del artículo 84 del ET.

No tendría sentido, para UGT, dilapidar el tiempo, trabajo, y esfuerzos invertidos en esas negociaciones para volver a empezar de cero, puesto que la pandemia no ha cambiado los problemas de fondo que arrastra nuestro mercado de trabajo desde hace años, ni la necesidad de poner fin a una legislación laboral concebida para facilitar el despido, bajar salarios y precarizar las condiciones de trabajo. Ese era el esquema de la austeridad extrema, hoy muy lógicamente abandonada y sustituida en el ámbito de la Unión Europea por una estrategia completamente diferente como es el histórico plan de inversiones públicas para la reconstrucción y modernización de las economías europeas. En este nuevo contexto, la reforma laboral de 2012 es extemporánea y contraproducente, un lastre que dificulta cualquier avance económico y social que pretenda incluir algo de dignidad y eficiencia.

Para UGT es prioritario que la mesa de diálogo social sobre empleo reanude sus trabajos cuanto antes partiendo del punto en que se habían quedado.

“pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones”

Los compromisos del Gobierno de coalición en materia de pensiones estaban recogidos en las páginas 14 y 15 del Acuerdo de Gobierno, y no hablan de incrementar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación sino de “eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”; “actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente”, “revisaremos el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares y el complemento por maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género”.

 

Sin embargo, y a pesar de que ya se ha alcanzado un nuevo consenso político en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno está excluyendo a la mesa de diálogo social sobre pensiones del debate, llevando a los medios de comunicación sus principales propuestas, o avanzándolas a las instituciones comunitarias en las fichas del plan de recuperación. Es un planteamiento, cuando menos, ineficiente porque las políticas de pensiones son estrictamente de ámbito nacional y tendrán que pasar, antes o después, por el diálogo social y el Congreso si el Gobierno quiere que sean algo más que titulares de prensa.

Movilizaciones, porque #AhoraSíToca

Derogación de la reforma laboral, derogación de la reforma de pensiones de 2013 y vuelta al consenso de 2011, y subida del SMI en los términos acordados (ver aquí más sobre este tema) son cuestiones prioritarias para UGT y CCOO y el motivo por el que ambas organizaciones han decidido iniciar un proceso de movilizaciones que comenzará el próximo día 11 de febrero con concentraciones ante las delegaciones del Gobierno en todas las provincias.

#AhoraSíToca es el lema elegido para unas movilizaciones que se han vuelto imprescindibles para recordar al Gobierno sus propios compromisos, y para cortar de raíz cualquier tentación de usar los millones del plan de Recuperación europeo para hacer lo de siempre, para beneficiar a los de siempre, sin abordar cambios estructurales que son imprescindibles. Ahora le toca a los trabajadores y trabajadoras de este país, y no vamos a dejar que vuelvan a ser excluidos y excluidas de un proyecto histórico.

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