Revista Unión UGT En Profundidad

Cambiar las políticas para repartir la riqueza

Los salarios deben participar del crecimiento económico y recuperar poder adquisitivo

La economía española mantiene un ritmo muy importante de aumento del PIB, en el entorno del 3%, superior incluso al previsto. Llevamos cuatro años de crecimiento económico y se prevé que éste continúe a lo largo de 2018, aunque con una suave desaceleración.

Estamos, pues, en plena fase expansiva, y las empresas han recuperado con creces los niveles de beneficios de antes de la crisis y han ganado peso en el reparto de la renta nacional, en detrimento de la parte correspondiente a la remuneración de los asalariados.

Tras cuatro años de beneficios empresariales se mantienen los salarios de miseria

Se ha producido, por tanto, un fuerte trasvase de rentas desde los asalariados hasta las empresas. De 2008 a 2016 las rentas de los asalariados han caído en 26.900 millones de euros, mientras que los excedentes empresariales han aumentado en 5.900 millones de euros. Los sueldos de los altos ejecutivos subieron el año pasado por encima del 10%, alcanzando el 15% para el caso de los consejeros delegados de las empresas del IBEX 35. Sin embargo, los salarios de convenio crecieron un 1,4% en 2017, mientras los precios de consumo lo hicieron un 2%, con lo que el resultado fue una pérdida de poder de compra de 0,6 puntos porcentuales.

El 10% de trabajadores con menores retribuciones ha visto cómo sus salarios reales (una vez descontado el impacto de los precios) han caído de 2009 a 2016 un 13,8%; el segundo 10% que menos gana ha perdido un 9,6%; el tercero, un 7,7%. La pérdida media hasta 2016 fue del 4,4%. En definitiva, han sido los trabajadores y las trabajadoras con menores ingresos los que más han sufrido, contribuyéndose a generar un incremento de las desigualdades y de las situaciones de exclusión social y pobreza relativa.

Los salarios han caído una media del 4,4% hasta 2016

La devaluación salarial, el alto nivel de desempleo, la elevada precariedad del empleo creado y el recorte de las prestaciones sociales han provocado un aumento de los niveles de pobreza y de exclusión social y un incremento de las desigualdades, que no remite con el crecimiento económico. La población en riesgo de pobreza o exclusión social es ya del 27,9%.

En todo ello han tenido una responsabilidad muy importante las últimas reformas laborales, y sobre todo la de 2012 aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP. Por eso hay que revertir esta situación y derogar las reformas laborales, así como la reforma unilateral del sistema de pensiones realizada por el Gobierno del PP al margen del Pacto de Toledo.

Movilizaciones para cambiar las políticas

UGT considera prioritario adoptar las medidas necesarias para que las rentas de trabajadores y trabajadoras y de los pensionistas participen de la creación de riqueza del país que contribuyen a generar. Para ello son necesarias medidas como las derogaciones de las leyes ya mencionadas, así como:

  • Perseguir el fraude laboral y acabar con la precariedad
  • Aprobar una ley de igualdad salarial que persiga la brecha salarial que padecen las trabajadoras
  • Dotar con los recursos presupuestarios necesarios las políticas sociales y el sistema nacional de atención a la dependencia
  • Impulsar un cambio productivo que permita a los trabajadores participar de los beneficios de la digitalización económica, invirtiendo en sus formación y empleabilidad
  • Combatir la extensión de la pobreza mediante la aprobación de una renta mínima, según la iniciativa legislativa popular presentada por UGT y CCOO que permanece bloqueada en el Congreso de los Diputados
  • Potenciar una nueva política de vivienda, que sitúe en su centro de prioridades las necesidades de la población frente a los intereses de los grupos inversores, haga efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos y ciudadanas españoles a una vivienda digna, y tenga en cuenta la habitabilidad de los entornos urbanos y la cohesión territorial en el conjunto del Estado.
  • Establecer como objetivo social estratégico el establecimiento de un Estado de Bienestar que permita el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y el desarrollo de sus expectativas vitales en condiciones dignas. La educación y sanidad pública son elementos esenciales de ese sistema.
  • Realizar una reforma fiscal integral, que persiga de forma valiente y decidida el fraude y la evasión fiscal, que mejore los niveles de equidad contributiva y garantice la suficiencia de recursos para las políticas públicas.
  • Garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema de pensiones, empezando por la derogación de reforma de 2013, recuperando el Pacto de Toledo como espacio de consenso, y revisando las prioridades del sistema del sistema desde la perspectiva de la dignidad y suficiencia de las prestaciones superando el reduccionismo contable.

​Para UGT la crispación social que vive nuestro país en estos días se refleja en las movilizaciones para reivindicar mejores pensiones, avances claros en materia de igualdad entre hombres y mujeres, un mayor compromiso presupuestario en la lucha contra la violencia de género, recuperación de la educación pública, dignificar las condiciones laborales, recuperar la educación y sanidad pública, dignificar las condiciones laborales, atajar el crecimiento de la pobreza, y recuperar los derechos y libertades perdidos.

Además, el sindicato considera que nuestras instituciones están dando una respuesta insuficiente a todas estas reivindicaciones, haciendo imprescindible dar continuidad a un proceso creciente de movilizaciones que, como ocurre en el caso de las pensiones, se están revelando como la palanca fundamental para cambiar las políticas.

En este contexto se enmarcaron las movilizaciones para defender la dignidad del sistema de pensiones, o las manifestaciones y concentraciones celebradas en mayo frente a las sedes de las organizaciones patronales para reclamar los incrementos salariales acordes a la situación de crecimiento y beneficios de las empresas. Unas movilizaciones que, si la situación no cambia, van a continuar.

Declaración del IV Comité Confederal de UGT

En este sentido, el 4º Comité Confederal Ordinario de UGT, celebrado el 23 y 24 de mayo, aprobó por unanimidad una Declaración en la que apoya un proceso de movilización creciente para conseguir un cambio de políticas que permitan construir un nuevo contrato social de progreso, que ponga en el centro el bienestar de la mayoría de la población.

En la Declaración el sindicato insta a impulsar las movilizaciones para defender la dignidad del sistema de pensiones, eliminar la discriminación de las mujeres, erradicar la violencia machista, recuperar una sanidad y educación públicas de calidad, reducir las situaciones de pobreza y recuperar los derechos y libertades arrebatados desde 2012.

El documento llama también a reforzar el proceso ya iniciado, conjuntamente con CCOO, para presionar a las organizaciones empresariales para que modifiquen su actitud y negocien aumentos salariales y condiciones laborales acordes con la nueva situación de bonanza económica y elevados beneficios empresariales.

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