UGT ha defendido siempre la conveniencia de combinar movilización con negociación en la estrategia sindical. Por eso, cumplido un año de negociaciones y acuerdos para afrontar la pandemia, tenemos que abordar los problemas de fondo que estaban en la agenda antes de la covid-19 y que el Gobierno mantiene aparcados.
Queremos abordar cuanto antes el desmontaje de las reformas laborales retomando las negociaciones dónde las dejamos en marzo del año pasado. Ya habíamos tenido un periodo largo de debates, y ya había algunos temas en los que había acuerdo con la patronal y con el propio gobierno. La pandemia no ha parado que los convenios decaigan cuando pasa un determinado periodo de tiempo, por tanto, no podemos esperar a resituar la ultraactividad de los convenios. Las empresas multiservicios que se descuelgan de los convenios de ámbito sectorial continúan haciéndolo, y por eso es urgente que se priorice el convenio sectorial sobre el de empresa para evitar esta vía de precarización de las condiciones laborales.
También porque, en buena medida, la culpa de las colas del hambre y de la gente viviendo en las calles que ahora vemos en nuestras ciudades está en esa agenda pendiente: la reforma laboral del 2012 del PP ha facilitado la destrucción de millón y medio de puestos de trabajo al comienzo de la pandemia, que, de otra manera, ahora estarían, casi con toda seguridad, en ERTE. Esos despidos del comienzo de la pandemia no los vamos a recuperar hasta que se recupere la actividad económica, pero queremos hacerlo en otras condiciones. Por eso hay que movilizarse.
Y la misma trascendencia tiene para el Sindicato la revalorización del SMI para este año. Cada día que pasa queda más de manifiesto que no hay ninguna razón económica para no revalorizarlo, y que los argumentos que ha dado el Gobierno para no subirlo carecen de cualquier validez. El SMI no afecta a las empresas que han padecido más en la crisis. ¿Cuál es la razón, entonces? ¿Qué unos pocos ganen más? ¿Cómo puede ser que el Gobierno haya aumentado el salario de los empleados públicos –con toda justicia- pero no se les suba el SMI a los empleados que hacen trabajos públicos, aunque los hagan a través de una empresa privada (limpieza, seguridad, trabajadoras de la ayuda a domicilio o que están trabajando en las residencias, etc)?
Y finalmente, la tercera reivindicación que justifica esta continuidad de las movilizaciones es la necesidad de desterrar cualquier idea que nos lleve a pensar que se van a subir los años para el cálculo de la pensión, más allá de los 25 que tendremos en el año 2022. Y la mejor manera de hacerlo es derogar la reforma de pensiones de 2013 y restaurar la revalorización automática de las pensiones y hacer desaparecer la fórmula del factor de sostenibilidad. UGT va a seguir denunciando que España gasta poco en pensiones en relación con lo que gasta Alemania, Francia o Italia y que los problemas son de ingresos.
En consecuencia, vamos a mantener la presión para defender el peso de estos argumentos mediante un proceso de movilizaciones que consideramos esencial para sacar adelante una agenda de reformas que consideramos esencial para los trabajadores y trabajadoras. Las personas no pueden esperar más
