La sociedad se echa a la calle para defender sus derechos, para recuperar otros y ganar otros nuevos. Tras las exitosas manifestaciones y la huelga del 8 de marzo, vimos como pensionistas y ciudadanos en general volvían a tomar las calles el 17 del mismo mes. Cientos de miles de ciudadanos participaron en las movilizaciones del 8 y el 17 de marzo, entre otras fechas, en una huelga general de dos horas por turno y en centenares de concentraciones y manifestaciones convocadas en todo el país para exigir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, una Ley de Igualdad Salarial, medidas contra el terrorismo machista, o por pensiones dignas, la revalorización de las mismas conforme al IPC y la defensa del Sistema Público de Pensiones y contra la subida de miseria decretada por el Gobierno del 0,25%, como ha venido haciendo desde 2014.
Como dice el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, es hora de rescatar a las personas y si hay dinero para rescatar autopistas o bancos tiene que haber dinero para subir las pensiones de acuerdo, al menos, al IPC. Y lo mismo ocurre con la
Brecha de Género. O con los salarios, especialmente los más bajos. O con la precariedad laboral, la temporalidad y el fraude en la contratación y las condiciones de trabajo. Es cuestión de voluntad.
Cuestión de justicia
No es justo que un país cuya economía crece año tras año ir encima del 3% del PIB, cuando las empresas tienen cada vez más beneficios, mientras las retribuciones de los consejeros y los altos directivos crecen, y los precios de los servicios, la energía y los alimentos aumentan, el Gobierno decrete subidas de las pensiones del 0,25%, es decir, 1,61€ al mes más para la mayoría de los pensionistas, que cobran 645 euros y mientras un tercio de los pensionistas está por debajo del umbral de la pobreza.
No es justo que en nuestro país las mujeres asalariadas percibimos una media de 5.941,46 euros menos al año que nuestros compañeros, lo que multiplicado por los más de 7 millones de mujeres que trabajamos actualmente por cuenta ajena supone un mínimo de aproximadamente 42.000 millones de euros que los empresarios se ahorran anualmente a nuestra costa y que engrosa sus beneficios.
No es justo que uno de cada cuatro contratos que se realizan sean de menos de una semana, que solo cuatro de cada cien sean indefinidos a tiempo completo, que el 60% de las personas contratadas a tiempo parcial lo sean de manera involuntaria, que el 58,7% de los trabajadores que hace horas extra no las cobra, o que la mitad de los parados lleven en el desempleo más de dos años, o que uno de cada dos desempleados no tenga ningún tipo de cobertura.
Mejores pensiones, salarios y protección social
Para UGT, estas manifestaciones demuestran que, una vez más, la sociedad está exigiendo al Gobierno y a las empresas un cambio que resulta incompatible con las reformas que el Partido Popular impuso en solitario en 2012 y 2013. Demuestran que tienen que subir las pensiones, que tienen que crecer los salarios, que tiene que aumentar la protección social, que deben mejorar las políticas sociales y las condiciones de trabajo. Comenzando por los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que deberían apostar por la recuperación del empleo, las pensiones y los derechos, y deberían impulsar el gasto y la inversión para solucionar las necesidades de los ciudadanos.
El Gobierno ya no tiene la mayoría absoluta y las condiciones económicas son las de 2012 y 2013 y, por tanto, no puede mantener, contra todos, una política que empobrece a los pensionistas presentes y futuros, a las trabajadoras y trabajadores y a los ciudadanos en general.
Es necesario que el Ejecutivo se ponga a trabajar y busque soluciones de manera urgente, negociada y consensuada con los agentes sociales.
Mientras tanto, seguiremos convocando a los ciudadanos a movilizarse para exigir al Gobierno y los empresarios un reparto más justo y equitativo de la riqueza que el conjunto de los ciudadanos estamos generando.
