Las revalorizaciones del SMI en los últimos cuatro años han provocado importantes polémicas sobre sus repercusiones, especialmente sobre el empleo. Recordemos, por ejemplo, la beligerancia en contra del Banco de España, de algunos de los llamados Think tank dependientes de grandes instituciones financieras, e incluso de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).
Tomando como muestra a esta última, en 2019 la AIReF estimo que la subida del SMI supondría una pérdida de 40.000 empleos. En julio de este año publicó un nuevo análisis en el que reducía esa pérdida a entre 19.000 y 33.000 afiliados a la Seguridad Social, y reconoce que sus estimaciones “no incorporan posibles efectos indirectos asociados a que el incremento de los salarios de algunos trabajadores puede tener cierto impacto en su consumo que amortigüe en alguna medida la caída del empleo estimada”.
La realidad es que, en lo relativo al SMI, hay más ideología que evidencia económica. Teniendo en cuenta que la fijación del salario corresponde a la negociación colectiva, que el SMI es una regulación legal para aquellos casos donde aquella no llega, lo que realmente debería preocuparnos es que en 2019, con datos de la propia AIReF, la subida del salario mínimo afectara a “alrededor de un 7,1% de los trabajadores por cuenta ajena [que] recibían un salario inferior en el momento del anuncio de la propuesta”.
La modernización económica tiene que ir acompañada de una modernización del marco laboral. No construiremos un futuro mejor para todos solo con recursos económicos, necesitamos también valores. Y esos valores son los que nos empujan a considerar adecuada una nueva revalorización del SMI
No debería ser motivo de preocupación colectiva que suba el salario mínimo, sino que alguien piense que se compromete la viabilidad de las empresas por eso.
La salida de la crisis provocada por la COVID-19 nos ofrece una gran oportunidad de cambio estructural de nuestra económica, y sería un error afrontar esta fase con planteamientos que están en la raíz de nuestras actuales debilidades. No vamos a aceptar que los fondos europeos para la recuperación sirvan para hacer más de lo mismo.
La modernización económica tiene que ir acompañada de una modernización del marco laboral. No vamos a aceptar que la base de nuestra economía siga dependiendo, en buena medida, de condiciones laborales paupérrimas bajo la premisa de que con otras (salarios dignos, estabilidad en el empleo, negociación colectiva equilibrada, etc…) las empresas no son viables. Si fuera así, el problema no son las condiciones laborales, sino un tejido empresarial más propio de otras latitudes.
Es para eso para lo que no estamos. No construiremos un futuro mejor para todos solo con recursos económicos, necesitamos también valores. Y esos valores son los que nos empujan a considerar adecuada una nueva revalorización del SMI, y a exigir derogar la reforma laboral. En este momento, todos deberíamos estar para eso.
