La Unión General de Trabajadores denuncia que la reforma laboral del Gobierno, que cumple seis años, ha generado un impacto muy negativo sobre el empleo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de este país.
Entre las consecuencias más dañinas cabe destacar el desequilibrio en las relaciones laborales, al primar los convenios de empresa frente a los sectoriales; el empeoramiento de las condiciones de trabajo con un aumento de la precariedad en el empleo y el hundimiento de los salarios; y un incremento de los niveles de pobreza y desigualdad.
La reforma laboral ha provocado un cambio estructural a peor en el mercado laboral, al fomentar el empleo de mala calidad, precario y de baja productividad. Un empleo que genera poca riqueza y que no permite una calidad de vida digna para las familias de nuestro país.
La reforma laboral ha permitido el avance de la precariedad
La precariedad se sustenta en altos niveles de temporalidad. Desde su entrada en vigor, prácticamente dos de cada tres empleos creados han sido de carácter temporal, y la tasa de temporalidad ha escalado hasta el 26,7% en 2017, la más alta desde 2008. De esta forma, el peso de la contratación indefinida sobre el total sigue siendo bajísimo, solo 9 de cada 100 contratos realizados, y solo 4 de cada 100 indefinidos a tiempo completo. El 91% de los contratos que se realizan son temporales y, de ellos, el 80% se realiza mediante la modalidad de obra y servicio o eventuales por circunstancias de la producción.
Pero, además, la precariedad se extiende también a través del aumento del empleo a tiempo parcial involuntario (el 57,3% es de este tipo); del incremento de los contratos de muy corta duración (uno de cada cuatro dura menos de siete días); y del contrato de apoyo a emprendedores, que ha pasado de representar el 5,4% del total de la contratación indefinida en 2012 al 12,8% en 2017, y que en el fondo supone un contrato de un año sin indemnización a la finalización del mismo.
En este contexto de inestabilidad laboral, han surgido además nuevas formas de trabajo como las empresas multiservicios, que burlan las garantías mínimas establecidas en los convenios colectivos de sector y promueven empleos en condiciones laborales y salariales penosas.
La reforma laboral ha hundido los salarios
La reforma laboral del Gobierno ha provocado una caída de los salarios sin precedentes en nuestra historia democrática, debido al perverso efecto de los cambios que introdujo de manera unilateral en la negociación colectiva, otorgando un poder desmesurado a las empresas.
El PIB ha crecido un 3,1% en 2017 y las empresas llevan varios años aumentando de manera generalizada sus beneficios pero los salarios han vuelto a perder poder adquisitivo en dos puntos porcentuales.
Una vez más, los peor parados, los trabajadores y trabajadoras con menores rentas, contribuyendo a generar un incremento de los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social.
La devaluación salarial se cuantifica ya en más de siete puntos desde 2009. De hecho, de 2008 a 2016 las rentas de los asalariados han caído en 26.900 millones de euros, mientras que el excedente empresarial crecía en 5.900 millones. Además, el 32,75% de los asalariados tenían ingresos equivalentes o inferiores al Salario Mínimo Inteprofesional (SMI) en 2016, según la Agencia Tributaria, lo que supone un total de 4.380.000 trabajadores.
Erradicar la figura del trabajador pobre
Todo ello hace realmente imprescindible un plan de choque por el empleo que genere trabajos y salarios de calidad y con derechos y que acabe con la inaceptable figura del trabajador pobre que está consolidando la política de este Gobierno.
Un trabajador que, aun teniendo un empleo, sigue por debajo de los niveles de pobreza en nuestro país. En 2017, el 14,1% de los ocupados está en riesgo de pobreza, 2,5 puntos porcentuales más que en 2011, situando a España en el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores pobres, solo por detrás de Rumanía y Grecia.
