¿Qué sería de nuestras sociedades sin el activismo sindical? La jornada de ocho horas, el descanso semanal, las vacaciones pagadas, la protección social, la protección de la maternidad, la prohibición del trabajo infantil, los salarios dignos y tantas otras cosas se consiguieron gracias al activismo sindical y a medidas de resistencia y presión como las huelgas.
En la base de nuestro sistema económico hay un conflicto de intereses entre el capital y el trabajo, entre empresas y trabajadores, que unas veces se gestiona mediante la negociación y otras deriva en conflicto. La huelga es una expresión de ese conflicto (lo decimos nosotros y el Tribunal Constitucional) que se intenta criminalizar y desacreditar para evitar que los intereses de los trabajadores prosperen.
En los años más duros de la anterior crisis económica los gobiernos del Partido Popular tomaron parte, y lo hicieron contra los trabajadores y trabajadoras. La reforma laboral de 2012, la reforma de pensiones de 2013, la reforma de la prestación por desempleo, la congelación o mínima revalorización del SMI y de las pensiones durante años, la reforma de la negociación colectiva para dar todo el poder de decisión a los empresarios, la aprobación de la Ley Mordaza, las instrucciones a la fiscalía para realizar un uso abusivo del artículo 315.3 del Código Penal lo ponen de manifiesto. Por un lado, se empeoraban las condiciones de trabajo y se quitaban derechos a los trabajadores, y por otro se criminalizaba la protesta, la resistencia, la libre expresión de la oposición a todo eso, con multas y penas de cárcel, utilizando el artículo 315.3 del CP o aprobando la Ley mordaza.
Las cerca de trescientas personas, sindicalistas en su mayor parte, que fueron acusados de coacción a la huelga y otros delitos, no son delincuentes, no protagonizaron actos de violencia, no incendiaron calles ni destruyeron el mobiliario urbano, no produjeron lesiones a otros. Sólo hacían huelga y formaban parte de piquetes en los que se informaba a otros trabajadores de los motivos de la misma.
No se merecían las condenas, mucho menos las penas de cárcel. No se merecían la exposición pública, de ellos y sus familias, señalados como delincuentes. Más bien todo lo contrario. Resistirse pacíficamente a los abusos es una muestra de dignidad. Defender lo que consideras tuyo es una muestra de pundonor.
Como señala el Tribunal Constitucional en su sentencia 104/2011, “(…) la gravedad que representa la sanción penal supondría una vulneración del derecho, al implicar un sacrificio desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio o desalentador del ejercicio”. Eso es lo que busca el artículo 315.3 del Código Penal, y especialmente lo que se buscaba al usarlo el Ministerio Fiscal como lo hizo en los años de las huelgas generales durante la crisis.
Por eso es una buena noticia que el Congreso haya aprobado la derogación de ese artículo, e instamos a los grupos parlamentarios del Senado a que completen la derogación y acaben, de una vez, con la criminalización legal del derecho de huelga y de los piquetes. También instamos a los parlamentarios y parlamentarias de ambas cámaras a que den continuidad a esta recuperación de la calidad democrática derogar la Ley Mordaza.
