30 noviembre 2021, 12:15 PM

Presidente, ¿hasta cuándo?

Cualquier negociación es, en sí misma, la búsqueda de una solución negociada. Es decir, no es un proceso que tenga sentido por sí mismo, sino un proceso destinado a la obtención de un resultado, y por lo tanto no puede prolongarse en el tiempo de forma indefinida. Y esto es aplicable al proceso de diálogo social para la modernización del mercado de trabajo, iniciado con el primer Gobierno de Pedro Sánchez, retomado con el Gobierno de coalición hasta la irrupción de la pandemia, y vuelto a reanudar el 17 de marzo de este año.

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO hemos apostado por una negociación con contenidos destinada a poner coto a la precariedad, a restablecer el equilibrio en la negociación colectiva, y devolver a los trabajadores y trabajadoras los derechos eliminados con las últimas reformas laborales.

El nudo gordiano de la actual negociación es que la reforma unilateral impuesta por el Partido Popular entregó al empresariado todo lo que quería, todas las capacidades y herramientas de actuación; una posición de poder a la que no están dispuestos a renunciar. Por eso los mensajes públicos de las organizaciones empresariales abogan por el inmovilismo, por eso su posición en las mesas de negociación es de bloqueo y descalificación de los documentos que le dan soporte.

Al retomar la negociación, el Ministerio de Trabajo y Economía Social situó esta mesa de diálogo para la modernización del mercado de trabajo en el contexto de las obligaciones del Gobierno para cumplir los compromisos asumidos con la UE y vinculados , no condicionados, a los fondos europeos destinados a financiar el Plan de Reconstrucción. Para UGT los compromisos prioritarios son los contraídos por el Gobierno de coalición con las organizaciones sindicales y con la ciudadanía en las últimas elecciones generales y en el acuerdo del Gobierno de coalición para esta legislatura.

Y no, la legislatura no empieza ahora, como se ha venido diciendo en estos días de cambio de Gobierno. La legislatura está a escasos meses de entrar en su ecuador, y UGT considera injustificable seguir dilatando los procesos que solo pueden desembocar en la revalorización del SMI hasta alcanzar en 2023 el 60% del salario medio, y la derogación de las reformas laborales.

UGT y CCOO vuelven a la movilización el 14 de julio para exigir el cumplimiento de esos compromisos, y volveremos con más intensidad cuanto más cortos sean los plazos de los que disponemos. El compromiso del Gobierno con el acuerdo social es un valor indiscutible, pero si ese compromiso conduce al inmovilismo, finalmente sólo resulta útil a quienes no quieren cambiar nada. ¿Hasta cuándo el Gobierno va a permitir a la patronal mantener esa capacidad de veto?

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